Los centros educativos desde el día once de septiembre, fecha en la que arrancamos el curso escolar, hemos sorteado dos DANAS y los daños han sido mínimos. Pero ahora tenemos otro contratiempo mucho peor que la depresión atmosférica aislada en niveles altos. Y me estoy refiriendo a la crisis migratoria que está sufriendo nuestra comunidad autónoma con la llegada masiva de menas a nuestros centros escolares.
En este sentido, la crisis migratoria y la inmigración ilegal es un tema que preocupa mucho a la ciudadanía. La última encuesta de la Fundación Gadeso apunta que un 64% de la población de las Islas ya ve la crisis migratoria como un problema grave. Y yo acentuaría el adjetivo. El problema en los colegios puede ser muy grave por varios motivos.
En primer lugar, este hecho demuestra que la política migratoria del Gobierno de España es paupérrima. El problema no es de ahora. El problema se arrastra hace meses, pero el Delegado del Gobierno en Baleares ha mirado hacia otro lado hasta que la presidenta del Govern ha tenido que lanzar la voz de alarma, junto a los Consells Insulares y decir que estamos al borde del colapso.
En segundo lugar, la responsabilidad que tenemos como sociedad de dar una respuesta a estas personas que vienen buscando un mundo mejor nos ocasiona imprevistos que nuestros políticos no son capaces de preveer. ¿Quién pensó que todos estos jóvenes tenían que tener una plaza escolar? Es buen espacio aquí, quizás, para recordar que el Delegado del Gobierno en Baleares es profesor de secundaria aunque haga algunas décadas que cambió las aulas por las alfombras de los despatxos.
En tercer lugar, los centros educativos que absorben a estos alumnos son los que mayor índice de necesidades educativas especiales tienen en las aulas y añadir alumnos de estas características no va a hacer más que deteriorar la calidad educativa que muchos centros estamos impregnando en nuestro quehacer diario.
Y para rematar la jugada, a estos chavales que llegan sin documentación y tras un examen fisiológico superficial se les asigna una edad que no es la real, con lo que la separación entre ellos y los escolares es mucho mayor.
Entonces, ¿qué hacemos? La administración autonómica, y concretamente la educativa, no puede arreglar el desaguisado de la incompetencia de un Delegado del Gobierno que hace de parapeto a un Presidente de Gobierno caduco, obsoleto e incompetente. Y esa incompetencia no la tenemos que sufrir los centros educativos porque como siempre concluyo, otra educación es posible.
