Tan hastiado como ustedes del único debate que monopoliza la atención mediática, creo, sin embargo, que merece la pena hacer alguna reflexión adicional.
La situación jurídica es la que es, y aunque el Tribunal Constitucional resuelva sobre la ley catalana de consultas en un breve plazo –se habla de tres meses-, lo cierto es que ahí no terminan las posibilidades de los promotores de la consulta de buscar amparo jurisdiccional. Sin duda se agotarán instancias europeas e internacionales en materia de derechos humanos, está cantado.
A todo esto, nada menos que Bloomberg, corporación en manos del poderoso lobby judío estadounidense, propiedad del antiguo alcalde de Nueva York, critica abiertamente el inmovilismo de Rajoy en esta cuestión, que contrasta de forma llamativa con la estrategia del gobierno británico para afrontar el soberanismo escocés.
Bloomberg, además, invita a Rajoy a que permita una consulta en la que postule el no a la independencia y despliegue toda la potencia del estado español para ganarla.
Anteayer, el presidente del gobierno admitió por vez primera que es posible que haya que reformar la Constitución, lo cual es un tímido avance que muy posiblemente llegue demasiado tarde. Los partidarios de la consulta en Catalunya son legión y cuentan con el respaldo de las dos terceras partes del parlament. Ello no significa –y esta confusión ha sido alimentada desde el principio- que todos los partidarios de la consulta lo sean, a su vez, de la independencia. Es muy probable que, en este momento, para acallar las voces del independentismo no quede ya más remedio que permitir algún tipo de consulta, aunque su resultado no sea vinculante. De lo contrario, se alimenta cada día una confrontación que no se resolverá en ningún tribunal, porque no es un problema jurídico, sino político.
Una Catalunya que libremente decida permanecer unida al resto de España podría ser la salida de esta crisis y la vuelta de todos a la realidad cotidiana.
El inconveniente es que las contrapartidas que deberá ofrecer el estado ya intuimos qué comunidades las van a pagar. Porque lo que es indudable es que la caja es una y el erario limitado. De manera que si, además de reconocimientos políticos que satisfagan las aspiraciones catalanas, hay que hacer concesiones en nuestro injusto sistema de financiación autonómica, entonces los ciudadanos de Balears podemos comenzar a temblar, porque ya sabemos qué significa eso.
Nos unen lazos de hermandad con Catalunya a todos los niveles; de historia, de lengua, de sangre en definitiva. Pero ningún ciudadano de las Illes Balears entendería que para contentar las legítimas aspiraciones de los catalanes, nuestro estatus económico quede aun más perjudicado. Lo cual, dicho de paso, cada vez resulta más difícil, gracias a Montoro.
