Penúltima sesión del juicio de Can Domenge. ESte miércoles ha sido el turno de informe del fiscal Joan Carrau, quien modificó sustancialmente su petición de pena para Bartomeu Vicens (de 6 años a 8 meses), Miquel Nadal (de 6 a 4 años), Miquel Àngel Flaquer (de 6 a 1 año) y Román Sanahuja (de 2 años a 18 meses). Sin embargo, mantuvo las penas para Maria Antònia Munar (6 años) y Santiago Fiol (18 meses), aunque la acusación particular ejercida por el Consell no formula acusación contra Fiol, hermano del exconseller del PP Francesc Fiol.
El alegato final del fiscal se ha iniciado justificando la costumbre de la Fiscalía de recurrir a testimonios de coimputados. Para ello, ha citado normativa internacional sobre la lucha contra la criminalidad organizada y el terrorismo, defendiendo a los “arrepentidos”. Reconoce así que se presiona a los coimputados y que se pacta con ellos. Hoy se ha desvelado el pacto existente entre la Fiscalía y Bartomeu Vicens, negado hasta la saciedad por este último.
El fiscal ha comparado a Sanahuja y Vicens con los arrepentidos de la mafia. Y ha defendido recurrir a ellos para luchar contra la criminalidad organizada. Ante la clamorosa falta de pruebas, persiste el recurso al testimonio de coimputados y con ellos, coloca a Munar en la cúspide de la trama delictiva aunque Sanahuja no lo dijo así y Nadal la exoneró. El fiscal da más credibilidad a los coimputados que sostienen su relato de los hechos que a aquellos que desmontan sus tesis. Carrau parece más interesado en tener la razón que en cerrar pruebas y testigos que aclaren lo hechos. La Fiscalía hace un relato bastante coincidente con las tesis que un determinado medio de comunicación ha ido publicando estos años a partir de los informes que la agencia de espionaje Método 3 elaboraba por encargo de Núñez, incluida la terminología mafiosa.
La acusación popular que ejerce el querellante José Luis Núñez se ha adherido a la petición de penas de la Fiscalía. Y la que ejerce el Consell de Mallorca a través del profesor Miquel Coca, un bufete externo que paga el Consell a pesar de tener sus propios servicios jurídicos, ha puesto el énfasis en la responsabilidad civil, justificando su nueva petición de 15 millones de euros de indemnización en lugar de los 30 que solicitaba hasta ahora. Considera que la valoración del solar más adecuada es la de 45 millones. Se trata de una circunstancia a todas luces difícil de entender ya que todos los informes que hizo el Consell en su día avalaban la operación y hoy mantiene una acusación contra sus propios actos. Sin duda, una contradictoria postura que sólo se entiende bajo una lectura política de las decisiones.
El baile de cifras y de opiniones de los peritos que han declarado no han conseguido aclarar el valor real de la finca. Pero lo que sí ha quedado claro que los 60 millones eran una exageración, si tenemos en cuenta que recientemente ha sido vendido por 7 millones a Cotesa.
La defensa de Sacresa se ha mostrado disconforme con la valoración de 45 millones, aunque ha pactado pagar inmediatamente 3 millones de euros y así zanjar el asunto.
Con los informes de las defensas, el jueves quedará visto para sentencia.
