Rechazo frontal del tejido empresarial balear al parón total decretado por Sánchez y que se inicia a partir de este lunes. Un parón que afecta a toda actividad considerada como "no esencial" por el Gobierno. CAEB y PIMEM alertan del retraso en la recuperación económica que conllevan estas medidas.
Indignación y malestar en el sector empresarial balear por las medidas adoptadas desde el Gobierno Central y que pasan por parar toda actividad que no sea esencial; una propuesta que “no resolverá el problema”, según la Pimem y que llevará “a la destrucción masiva del tejido productivo y de miles de puestos de trabajo” según la CAEB.
LA CAEB ADVIERTE DE LA DESTRUCCIÓN DE MILES DE EMPLEOS
Carmen Planas, presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) ha rechazado las medidas adoptadas por Pedro Sánchez: “El parón de la actividad impuesto por el Gobierno condena a la destrucción masiva del tejido productivo balear y de miles de puestos de trabajo”.
Para Planas es un error combatir lo que ocurre “desde la parálisis” y asegura que son conscientes de que la emergencia sanitaria es prioritaria “pero hay que luchar el Covid-19 desde la planificación y el diálogo social, ausentes por completo en las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno”.
Y añade: “La prioridad es la salud pero el cierre de actividad supone estrangular el sistema productivo. La crisis económica se va a agudizar con el parón de actividad impuesto por el Gobierno ya que generará un impacto sin precedentes en la economía balear”.
Así, el cese de actividad de miles de empresas “perjudicará a los puestos de trabajo de miles de personas y, con ello, la economía de miles de familias de nuestras islas”, advierte la presidenta de la CAEB.
Por ello, la patronal propone “parar solo las actividades en las que no se pueda garantizar la salud de los trabajadores pero es necesario que el resto siga para evitar el colapso económico”.
El Gobierno prohíbe por ley los despidos por fuerza mayor y otras causas
Revisará todos los ERTEs presentados
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Igualmente, Carmen Planas ha recalcado que es necesario que el Ejecutivo “reconozca que, ante la orden de parar la actividad, todas las empresas afectadas puedan acogerse a las medidas aprobadas para la declaración de ERTEs por fuerza mayor, y así se lo he explicado esta misma tarde a la presidenta del Govern, Francina Armengol. De no ser así se incurre en un agravio comparativo entre sectores que, además, afectará a todo tipo de empresas”.
MANTENER LAS ACTIVIDADES ORIENTADAS A SATISFACER LA DEMANDA INTERNA
Según ha defendido Planas, en una economía como la de Baleares, orientada al sector servicios, “el impacto de las restricciones y la caída de la actividad turística tienen un calado de tal magnitud, que se hace imprescindible el mantenimiento de actividades orientadas a satisfacer la demanda interna”.
“Es urgente”, sigue Planas, “que el Gobierno replantee su actuación porque el parón de la actividad decretado va a agravar la situación, ya de por si dramática, que están atravesando las empresas de Balears. Están afectadas ya todas las ramas de la actividad y empresas de todos los tamaños, tanto grandes, como medianas, pequeñas, microempresas y autónomos”.
LA PIMEM CALIFICA DE “INSUFICIENTES E IMPROVISADAS” LAS MEDIDAS ADOPTADAS
Por su parte, la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem) ha calificado de “insuficientes e improvisadas” las medidas adoptadas que, además, “no resolverán el problema porque no sabemos si llegarán a pimes y autónomos”, aseguran.
Pimem reconoce que es una situación nueva y de compleja solución ante la falta de precedentes que se complica aún más tras “casi un año de desaceleración económica en el que las pimes y los autónomos se encuentran en una situación débil. El teletrabajo es una opción que puede beneficiar a algunos trabajadores aunque pensamos que no se podrán beneficiar más allá de un 15 por ciento de los puestos de trabajo”, explican en un comunicado.
“El principal quebradero de cabeza es ofrecer una salida viable a negocios y trabajadores” sostienen para aclarar que para la Federación, la opción “no pasa por una extinción masiva de contratos de trabajadores, los despidos en masa no son la solución”.
Pimem sostiene que parar toda la producción no esencial y dar un permiso retribuido de 15 días a los trabajadores “no favorece la seguridad jurídica y empresarial y puede provocar graves perjuicios económicos en el tejido empresarial de todo el país en un futuro próximo”.
Critican también el escaso margen temporal de maniobra que dejan a las empresas afectadas para tomar medidas que ayuden a suavizar el impacto de la decisión: “Se obliga a las pymes a asumir todos los costes laborales de los trabajadores. Esto imposibilita a de que dichas empresas puedan acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de fuerza mayor. El Gobierno por tanto, está generando desigualdades entre los diferentes sectores empresariales, entre aquellos que pudieron acceder al ERTE (educación, restauración, hoteles, comercios, etc) y los que no (metalurgia o construcción)”.
Situación que impedirá a una serie de pymes no poder beneficiarse de las ventajas del ERTE, “de la bonificación del 100% a las cuotas a la Seguridad Social y el pago por parte del estado del sueldo de los trabajadores vía prestación por desempleo”.
La Federación también avisa de la “rotura de la cadena de pagos” lo que provocará “graves problemas de liquidez a corto plazo de las empresas y que no ayudará a la recuperación en un futuro próximo”.
Y recriminan al Gobierno, como lo ha hecho también la CAEB, la falta de diálogo y consenso de los agentes sociales implicados.
PROPUESTAS DE LA PIMEM: FACILITAR LOS ERTEs Y SEGUIR EL MODELO ALEMÁN
Según la Federación, la solución pasa, en primer lugar, por “facilitar la tramitación y la resolución de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor por causa del COVID-19 para que se aprueben en un plazo máximo de cinco días”.
Y ponen como ejemplo a seguir el camino emprendido por Alemania donde se aplican una serie de medidas para ayudar a empresas y para proteger los trabajos como avales sin límites, postergar el pago adelantado de impuestos y permitir la reducción de la jornada laboral garantizando el empleo.