Durante mucho tiempo en muchas empresas públicas hubo barra libre. Es el caso de la EMT: se han firmado convenios colectivos absolutamente inadmisibles en los que la paz social se pagaba a precio de oro; se han comprado y alquilado buses simultáneamente, sin un modelo propio, cosa que jamás hubiera hecho una empresa privada; las líneas están organizadas de aquella manera, de forma que está lleno de buses sin pasajeros y también de pasajeros sin servicio. Era evidente que esto tenía que acabar en crisis, incluso aunque no hubiera habido una crisis financiera general. ¿Cómo podemos acabar con este caos? De dos maneras: lo más fácil, lo más sencillo, lo más injusto, subir el precio del billete del bus hasta acercarse lo más posible a los costes reales; la segunda forma es renegociar los convenios, reordenar las líneas, reestructurar la forma de operar; gestionar, en definitiva. El Ayuntamiento de Palma, que está demostrando estar mucho mejor dirigido que otras instituciones políticas, ha optado por el camino fácil: que pague el ciudadano. Así, para que algunos sigan cobrando unos salarios absolutamente desproporcionados, los ciudadanos de a pie van a tener que pagar el billete de bus un 22 por ciento más caro. Únicamente encuentro un atenuante a esta decisión que no resuelve el problema de verdad: la falta de tiempo, la urgencia de la situación. La EMT está en la quiebra y necesita medidas urgentes y estas, como en su momento fue la bajada del salario de los funcionarios, se ponen en marcha en un instante y sin necesidad de esfuerzo alguno. Sin embargo, lo realmente justo y necesario es abordar cada uno de los diversos contratos de la compañía y revisarlos; analizar los convenios e intentar ponerlos en su lugar. ¿No sería justo que los empleados de esta compañía tuvieran unos sueldos sólo ligeramente superiores a la media de laS compañías de transporte urbano de España? Lo que es inadmisible es que la mala gestión municipal de años, al final, la paguen sólo en los ciudadanos.
