“El Consell de Mallorca vuelve a lanzar los bonos de 200 euros y permite acceder a personas individuales”. El titular es de esta semana. El Consell de Mallorca y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) han presentado una nueva campaña de bonos de 200 euros a los que en esta ocasión también podrán acceder personas individuales. En realidad, se trata de ampliar la campaña de bonos que se puso en marcha el pasado mes de octubre, por el mismo importe, pero entonces restringido a la unidad familiar. La institución destinará a esta nueva campaña unos cinco millones de euros más, a sumar a los cinco iniciales, según el anuncio de la presidenta insular, Catalina Cladera, la Reina de los bono-votos.
Uno ya ha perdido la cuenta de la oferta de bonos regalados por la institución insular, en una práctica más propia de una república bananera que de una comunidad que se supone próspera o, al menos, así nos la proyectan desde las instituciones. La presidenta del Consell ya anunció un aluvión de bonos a finales de 2022, durante el debate de política general de la institución insular. Entonces, se pusieron en marcha hasta tres tipos de bonos, con un gasto previsto de 7,5 millones de euros: uno para ayudar a pymes y autónomos a pagar la factura eléctrica, otro para fomentar la emancipación de los jóvenes y un tercero para deportistas federados. En total hablamos de 17,5 millones de euros en ‘paguitas’ al ciudadano, una lluvia de millones que parece la pedrea de la lotería de Navidad.
El actual pacto de izquierdas llegó en 2015 a las instituciones con la promesa de repartir la riqueza generada por el turismo, como eslogan populista para atraerse el apoyo de las clases medias y, de paso, marcar diferencias con los grandes hoteleros, tenidos como grandes esquilmadores del patrimonio natural de nuestras islas en beneficio de sus cuentas de explotación.
Ocho años después, el reparto de la riqueza prometido por Armengol y sus socios se reduce a una política de beneficencia, basada en cheques y bonos regalo con un marcado tufo electoral, mientras los hoteleros siguen aumentando sus beneficios y la llegada de turistas bate récords, circunstancias celebradas esta semana en la feria turística ITB de Berlín por un Govern que hace tiempo que ha enterrado el debate de cantidad o calidad. Como en tantas otras cuestiones, donde dije digo, digo Diego.
Poco o nada ha hecho este Govern por fomentar la emprendeduría, por ayudar de verdad a los autónomos, por proteger a las pequeñas y medianas empresas, que suponen el 80% del tejido productivo de las islas y, sobre todo, por diversificar la economía de esta comunidad, otro de los mantras de los actuales dirigentes políticos desde que llegaron al poder. La maravillosa contradicción es que el Govern más turismofóbico de la historia, si echamos un vistazo a la hemeroteca, ha acabado compartiendo mesa con los grandes hoteleros y brindando con ellos por la llegada récord de turistas. Se confirma que la política hace extraños compañeros de cama.
"Hay que estimular a los ciudadanos a buscar más activamente empleo, porque no es sana una sociedad en la que la gente en edad de trabajar está viviendo de los subsidios". La frase no es de ningún tiburón capitalista. La pronunció en su día Carlos Solchaga, ministro de Economía del PSOE. La realidad es que la sociedad cada vez está más cloroformizada, es más drogodependiente de las ayudas y las subvenciones públicas, servicios que se acaban reclamando como derechos fundamentales y consolidados. Y a la Administración ya le va bien una sociedad anestesiada a base de subsidios y entretenimiento, no sea que la gente salga a la calle. Y si a la vuelta de la esquina hay unas elecciones con un resultado incierto, las ayudas y subvenciones se multiplican por doquier y las instituciones se convierten en repartidoras de dinero público.
