El PSOE acusó ayer al Govern de Bauzà de hacer un uso perverso de la figura del Decreto Ley. Como los socialistas tratan a los ciudadanos como lo hace Cristina Fernández de Kirchner, o sea como si fuéramos rematadamente tontos, no pudieron limitarse a hacer aquella justificadísima crítica, sino que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y ayer Matas era portada en los periódicos, tuvieron que soltar que hemos pasado del “hágase” del ex-presidente ahora condenado, al “hágase por decreto ley” de Bauzà. ¡Qué imaginación más limitada!
Sin embargo, aunque oculta en las tonterías, el PSOE dice una verdad clamorosa: aquí todas las leyes son decretos ley, de forma que el mecanismo tradicional de tramitación de los proyectos de ley está quedando fuera de uso. El nuevo estatuto de autonomía contempla la posibilidad de que el Govern pueda aprobar decretos leyes. Esta es una norma de rango igual a la ley pero que entra en vigor de inmediato para, posteriormente, pasar por un trámite de ratificación parlamentario. Las leyes ordinarias, en cambio, se presentan por el Ejecutivo para su tramitación y, sólo cuando el proceso acaba, normalmente entre cuatro y seis meses después, entran en vigor.
La razón para el decreto ley es fundamentalmente la urgencia, la adopción no esperada de una medida con rango de ley que impida a los particulares especular en el periodo que va desde su anuncio a la entrada en vigor. Pero esto, lógicamente, debe ser excepcional. Lo contrario de lo que sucede aquí, donde lo excepcional son las leyes, si es que hemos tenido alguna en estos meses.
Otro motivo de desprestigio para este parlamentillo, donde sólo la pompa y los gastos están a un nivel digno.
