JAIME ORFILA. Después de varios años en los que la administración central y las CCAA se han mostrado incapaces de ponerse de acuerdo en temas básicos que afectan a la calidad de asistencia sanitaria de todos los ciudadanos, nos han sorprendido gratamente, en el último pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), con el consenso para la mayoría de propuestas generales.
Los acuerdos se han plasmado en cuatro grandes e importantes apartados:
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Calendario Vacunal Infantil único
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Programa de Trabajo coordinado para la Evaluación de Técnicas y Procedimientos, por parte de las Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones Sanitarias.
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Nueva regulación de los precios de referencia que rebajará el precio de 11.000 medicamentos
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Designación de 11 Centros, Servicios y Unidades de referencia para todo el SNS.
El avance en aspectos con contenidos transversales para todas las CCAA y para todos los servicios de salud, mejora el funcionamiento, contribuye a su eficiencia, aumenta la calidad y fortalece la equidad del SNS; establece la igualdad efectiva para todos los ciudadanos cuando les llega el duro momento de enfrentarse a la atención de la enfermedad.
Estas actuaciones de consenso son importantes en todos los escenarios, pero son especialmente cardinales en un entorno de crisis económica. Son actuaciones que favorecen la sostenibilidad y aumentan la cobertura poblacional frente a la trasmisión de las enfermedades infecciosas, homogeneizando los procesos de inmunización; actuaciones que racionalizan la aplicación práctica de la innovación en el conocimiento médico estableciendo procedimientos normalizados de actuación y guías de práctica clínica basadas en la mejor evidencia científica; actuaciones que ponen a disposición de todos los ciudadanos, independientemente de sus condiciones socioeconómicas y lugar de residencia, los centros especializados y de alto nivel, para el tratamiento de enfermedades poco prevalentes. Todas ellas conforman una muy buena noticia para el sector sanitario y para los ciudadanos.
En realidad, la normativa básica, el cuerpo legislativo en el que se ampara nuestro SNS, en especial la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS, impulsada por la Ministra Ana Pastor y apoyada por casi todo el arco parlamentario es muy consistente, está muy bien estructurada, convenientemente redactada y aporta instrumentos para garantizar un sistema sanitario de alta calidad. Sin embargo, durante años los intereses partidistas, las diferencias territoriales, el bajo nivel técnico y la falta de compromiso de los gobernantes en los distintos niveles de la administración, poco han hecho para su aplicación efectiva.
El sistema sanitario arrastra un problema crónico de gobernanza, de liderazgo intrasectorial e influencia externa, a nivel central y autonómico, que debilita el SNS y provoca dificultades en la sostenibilidad, en la coordinación, en las garantías ciudadanas y en la política de recursos humanos.
Aunque todo apunta a que siga siendo un sector abonado al intervencionismo y al clientelismo, en los momentos en los que se recupera el sentido común y la profesionalidad y se produce un avance, tenemos que saber reconocerlo y aplaudirlo. Por descontado que es solo una tendencia marginal y necesitará muchas más tarde de gloria para el compromiso definitivo con el rumbo de la recuperación.
