El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hace cuatro años, tras incrementar las transferencias a las autonomías y avalar su brutal endeudamiento a costa de los bolsillos de los contribuyentes, advirtió a los gobernantes autonómicos con tono amenazante, incluso con algo de contundencia, que ya no aceptaría más incumplimientos de los objetivos de reducción del déficit. El Ministro de Rajoy había aprobado recientemente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y disponía de mecanismos para la "vigilancia, sanción e intervención", que harían cumplir los objetivos de “consolidación fiscal”. Montoro afirmó: "Si hay que intervenir una comunidad autónoma porque no esté en la senda de consecución de ese déficit, se hará".
Esas medidas no eran un capricho, eran imprescindibles porque las comunidades autónomas habían sido las grandes responsables del déficit público comprometido con Bruselas en el último año de Zapatero, y porque la estabilidad presupuestaria era una obligación constitucional desde 2011 con la modificación del artículo 135 de la Constitución.
Pues bien, no ha habido un solo año en el que el conjunto de las autonomías no haya sobrepasado los topes de déficit, y el Gobierno de Rajoy ni ha intervenido ni ha sancionado a comunidad autónoma alguna. Al contrario, el dúo Rajoy - Montoro ha financiado el descontrol en las cuentas a través del Fondo de Liquidez Autonómica y ha establecido diferentes exigencias de reducción del déficit en función de su nivel de incumplimiento: Las incumplidoras han sido beneficiadas con mayores topes de desequilibro presupuestario.
Esta torpe maniobra no solo ha causado un malestar comprensible entre las comunidades cumplidoras, sino que ha tenido como consecuencia que aquellas que habían respetado el tope de déficit dejaran de hacerlo.
El mes pasado la propia Comisión Europea envió un nuevo aviso al Gobierno para que cumpla sus objetivos de déficit haciendo mención expresa a las comunidades autónomas y reclamando la activación de "los instrumentos preventivos y correctivos previstos en la Ley de Estabilidad española". También el FMI se ha hartado del déficit autonómico. En 2013 y el año pasado, ya recomendó al Gobierno de Rajoy que interviniera las comunidades incumplidoras aplicando la ley si no quería que ésta quedara en papel mojado. Pero Rajoy no aplica la legalidad a los que la infringen, si estos son gobernantes autonómicos despilfarradores, claro. Y si estos, además, son abiertamente contrarios al régimen constitucional no sólo no se les sanciona sino que se les financia su golpismo separatista.
Si el Gobierno no cumple con su deber de aplicar la ley se convierte en cómplice de quienes la infringen.
El actual sistema autonómico es, a todas luces, insostenible. No lo podemos pagar, nos perjudica socialmente y nos divide. Necesita reformarse en profundidad. Una reforma que no contemplan PSOE, Podemos y Ciudadanos. Esperemos que otra fuerza política, o un PP regenerado tras un Congreso abierto, tome cartas en el asunto. Porque nos afecta a todos, colectiva e individualmente.
