Las instituciones de Balears, ayuntamientos, consells insulars, partidos políticos y organizaciones empresariales y de todo tipo, han presentado alegaciones al borrador del proyecto de ley que modifica la Ley de Turismo en lo relativo al alquiler turístico y vacacional. Como era de prever, el asunto despierta muchísimo interés puesto que las ramificaciones de esta actividad en auge por su crecimiento fuera de ordenación, han acabo afectando de forma sustancial y en general muy perjudicial, a toda la industria turística y también generando graves problemas tanto de convivencia como de vaciado del mercado de alquiler residencial en algunas zonas del archipiélago y con mayor gravedad en Formentera, Eivissa y Palma.
Conscientes de esta realidad y del rechazo que el alquiler turístico despierta en los municipios más gravemente afectados por la falta de viviendas de alquiler para residentes y trabajadores, el vicepresident del Govern y conseller de Turismo, Gabriel Barceló, se manifestó partidario de que en Palma y Eivissa los respectivos ayuntamientos tengan la última palabra a la hora de establecer fuertes restricciones, al estilo de lo que sucede en Barcelona por parte de la alcaldesa Ada Colau.
Así, Barceló apuesta porque las corporaciones locales, que son quienes conocen la realidad urbanística, social y turística, impidan el alquiler turístico y que por parte del Ejecutivo se refuerce la inspección y el control, de forma que se persiga el alquiler turístico ilegal y que quienes hasta ahora han desarrollado tal actividad de forma ilícita, vuelvan a poner las viviendas en el mercado del alquiler residencial. Las alegaciones que se han ido presentando parecen ir en este sentido y especialmente a que se blinde la prohibición de alquilar pisos y apartamentos en edificios plurifamiliares.
Sin embargo, Barceló se mostró comprensivo con el alquiler turístico en zonas no turísticas, puesto que eso sería un dinamizador económico. Este planteamiento es censurable por ambiguo con un fenómeno que está en la causa primera de la saturación y la sobreoferta turística. Y hay que actuar contra el alquiler turístico sin esperar a que genere los gravísimos problemas que irremediablemente acarrea a corte y medio plazo.
Solo falta esperar a que el Govern se muestre permeable y dispuesto a atender las alegaciones que se han planteado, en línea con lo que ya se declaró sobre la disposición del Ejecutivo a modificar lo que haga falta del polémico borrador.
