Koldo García intercedió para que la empresa Soluciones de Gestión, el proveedor de mascarillas preferido del Ministerio de Transportes cuando su titular era José Luis Ábalos, fuera perdonado por el Gobierno balear.
La investigación apunta a que Francina Armengol, secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso de los Diputados, no reclamó formalmente la devolución de 2,6 millones de euros a Soluciones de Gestión por un lote defectuoso mascarillas hasta el día 6 de julio de 2023, cuando habían transcurrido 3 años y un més desde que el Centro Nacional de Medios de Protección informase al Govern Armegol que las mascarillas recibidas no cumplían las características técnicas de las FFP2.
Ese día 6 de julio de 2023, Marga Prohens recibió la confianza del Parlament en la sesión de investidura como presidenta del Govern, y por tanto, fue el último día del PSIB en el poder tras perder las elecciones autonómicas de mayo de 2023.
Desde el 8 de junio de 2020, hasta el 6 de julio de 2023, el Govern de Francina Armengol únicamente remitió una carta a la empresa del asesor de Ábalos, Koldo García, a través del director general del Servicio de Salud, Manuel Palomino, y fechada el 20 de marzo de 2023 (con dos años y nueve meses de retraso) donde se le comunicó a la empresa que “al haberse detectado que las mascarillas suministradas en el marco del contrato SSCC EM 226/20 (suministro de material COVID-19: mascarilla FFP2) no cumplen con los requerimientos técnicos de una mascarilla FFP2; se procederá a tomar las medidas oportunas con el fin de resarcir al Servicio de Salud de las Illes Balears de la situación que ha ocasionado este hecho”.
RECLAMACIÓN
El auto del juez Ismael Moreno apunta a que la resolución del contrato con Soluciones de Gestión, firmada el 6 de julio de 2023, propició diversas reuniones entre Koldo García y el empresario Juan Carlos Cueto, supuesto cerebro de la trama.
«Bajo este contexto, se han observado indicios que apuntan a la influencia que Koldo ha ejercido en beneficio de Soluciones de Gestión en el contexto de la reclamación dimanante de la Administración balear, a fin de que esta no prosperara y de este modo favorecer a la mercantil y a su titular», señala el magistrado.
Moreno destaca en el auto que en los últimos tiempos se han producido diferentes comunicaciones entre los empresarios Íñigo Rotaeche Lachiondo, María Bárbara Diaz García Bernardo y Cueto en las que se interfiere que si el Gobierno balear no se ha pronunciado en el plazo de tres meses sobre la compra de mascarillas realizadas a Soluciones de Gestión, «se produciría la caducidad del procedimiento administrativo y, por ende, la reclamación de casi tres millones de euros».
La fecha límite para esa reclamación era el 18 de enero de este año. Las intervenciones telefónicas realizadas a los investigados días antes para la reclamación a Soluciones de Gestión indican que la influencia del asesor de Ábalos «ha surtido efecto».
«Desde ese momento hasta el día 12 de enero de 2024 Cueto ha solicitado la influencia de Koldo para que no prospere», apunta el auto del juez.
ARMENGOL, INDIGNADA
La expresidenta del Govern, en unas declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados donde no aceptó preguntas, se mostró indignada y defendió la legalidad de los contratos de emergencia firmados por su Ejecutivo. Y fue más allá al decir que lo volvería a hacer “una y mil veces para proteger a la ciudadanía”.
"Es reprochable y me da asco pensar que alguien se podía lucrar de la compra de material sanitario en un momento en el que en España se estaban muriendo muchísimas personas", ha censurado tras señalar que el caso es "bochornoso". "En todo caso nosotros seríamos afectados", ha apostillado, recordando que el Gobierno balear abrió un expediente para reclamar 2,6 millones de euros a la empresa que les proporcionó las mascarillas cuando detectaron que no les habían servido exactamente las que habían solicitado.
"Fueron contratos de emergencia, pero legales y con los rigurosos controles del servicio de Salud", ha remarcado la presidenta del Congreso. "Todo el mundo pasaba nombres para poder valorar si tenían ese material, nosotros los pasábamos al servicio de Salud, éste lo analizabaa y contrataba. Y quiero decir que ese contrato tiene la fiscalización favorable de la Intervención General de la Comunidad Autónoma", ha detallado.
Sin embargo, ni Armengol ni nadie del PSIB ha sido capaz de responder por qué hasta el día 6 de julio de 2023 no se resolvió el contrato con la empresa proveedora de las mascarillas. Incluso sabiendo que la UCO de la Guardia Civil se personó el día 19 de julio de 2022 en la sede del Servicio de Salud de las Islas Baleares, para obtener una copia del expediente de la compra a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.
Desde el PSIB se defiende que se reclamó “en tiempo y forma” a la empresa, por lo que se responsabiliza de la caducidad del expediente al actual Govern de Marga Prohens.
Por su parte, el actual ejecutivo ha anunciado la personación en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional como parte perjudicada y su intención de reclamar el total del contrato, 3,7 millones de euros.
Además, este miércoles, a fin de no comprometer la llegada de fondos europeos Feder, –con el que el Govern de Armengol pagó las mascarillas defectuosas, pese a que certificó que eran correctas para percibir los fondos–, el Govern ha ordenado descertificar ese gasto. Esto significa que no habrá que devolver los fondos, pero sí que dejarán de recibirse en futuros abonos de la Unión Europea al Govern.
