El pleno del Senado ha dado luz verde este miércoles a la regulación y despenalización de la eutanasia, a pesar de contar con la oposición de los grupos parlamentarios PP y Vox, quienes han presentado dos propuestas de veto que, finalmente, han sido rechazadas.
El texto aprobado en la Cámara Alta, que ha contado con varias enmiendas que en su mayor parte han sido rechazadas, volverá ahora al Congreso de los Diputados, que lo aprobó el pasado 17 de diciembre, donde se tendrá que ratificar y, finalmente, votar favorablemente para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La norma recoge que la eutanasia se podrá aplicar a pacientes que la soliciten y que se encuentren en un contexto de "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".
El peticionario deberá tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses. Además, deberá ser mayor de edad y acreditar capacidad y conciencia en torno a su decisiion en el momento en que tramite la solicitud.
Asimismo, sobre el proceso, el texto aprobado por el Senado indica que, si el paciente está consciente, debe solicitar la eutanasia dos veces por escrito (o por otro medio que deje constancia si no puede escribir) en dos documentos separados por 15 días, haciendo patente que no es el resultado de "ninguna presión externa".
EL MÉDICO INFORMARÁ AL PACIENTE
Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente "sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita". Tras ello, el solicitante deberá confirmar su intención. Aún así, después de la segunda solicitud debe llevarse a cabo una nueva reunión entre facultativo y usuario.
Será, precisamente, este médico quien autorizará el proceso, pero, antes de ello, tendrá que recabar la opinión de un facultativo formado en el "ámbito de las patologías que padece el paciente" pero que no forme parte de su mismo equipo del médico. Además, la comisión de evaluación autonómica (cuya formación está especificada también en la norma) deberá elegir a dos expertos (uno de ellos jurista) que evalúen el caso.
Ambos especialistas deben de estar de acuerdo en su decisión. De no ser así, será el pleno de la comisión quien adopte una determinación sobre ese caso en concreto. Del mismo modo, los profesionales sanitarios directamente implicados en esta prestación "podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia", un reparo que "deberá manifestarse anticipadamente y por escrito".
"SE QUIERE MATAR A LOS PACIENTES"
Durante la sesión en la Cámara Alta, tanto PP como Vox han calificado la nueva normativa de "injusta e inconstitucional". Para el senador de Vox José Manuel Marín Gascón, la pretensión es "instaurar la industria de la muerte". El representante de esta formación política ha lamentado que en lugar de potenciar las unidades de cuidados paliativos "se quiera matar a los pacientes que están en una situación de deterioro avanzado".
En parecidos términos se ha pronunciado el senador del PP Antonio Román, quien ha asegurado que esta ley supone "un retroceso porque va en contra de la vida", y ha recordado que no cuenta con el apoyo de la comunidad médica, que es la que va a tener que practicar la eutanasia.
A su juicio, los promotores de la normativa "sólo quieren colgarse el mérito de aprobar leyes de supuestos derechos sociales", y llevar adelante cambios normativos que "conducen de forma frívola a una muerte provocada que no se puede considerar natural". Para Román, el Estado "no puede pasar de proteger la vida a causar la muerte".
"HAY QUE DAR LA OPORTUNIDAD DE ESCOGER LA PROPIA MUERTE"
Todos estos argumentaos en contra de la ley han sido replicados por el resto de partidos de la Cámara Alta. En concreto, el senador socialista Francisco Javier de Lucas ha recordado que la norma "no va en contra de los cuidados paliativos", ya que, bajo su punto de vista, ambas prestaciones "se complementan". También ha asegurado que la ley de la eutanasia garantiza el "derecho personal a la muerte propia".
Según sus palabras, este instrumento legal "quiere ofrecer un nuevo derecho desde la libertad de todos. Estoy seguro de que abrirá caminos porque la avalan muchas razones, por lo que hay que dar la oportunidad, a quienes así lo manifiesten, de escoger su propia muerte".
Por su parte, el senador de Izquierda Confederal Carles Mulet ha hecho hincapié en que "la derecha votó en contra del aborto, de la ley del divorcio y del matrimonio igualitario", por lo que ha esperado que una vez aprobada la ley de la eutanasia sus representantes "nunca necesiten acudir a este nuevo derecho".
CIUDADANOS VOTA A FAVOR
Por parte de Ciudadanos, el senador Tomás Marcos Arias ha explicado que, pese a que consideran que la ley "se puede mejorar", la actual redacción permite avanzar en la libertad de los derechos individuales. En este sentido, ha pedido a PP y Vox que no hagan una "caricatura" sobre la nueva norma.
El representante del grupo parlamentario naranja ha recalcado que la ley de eutanasia "configura y refuerza la dignidad humana de las personas". A su juicio, no se trata de "imponer creencias ni decisiones", sino de fomentar "el respeto a las decisiones y creencias individuales". Arias ha recordado que el 80 por ciento de la población está de acuerdo con esta normativa, en cuya tramitación también se ha garantizado que el suicidio asistido siga siendo un delito.