Lo que más me ha impresionado de las cifras publicadas por el portal de alquiler turístico Airbnb ha sido descubrir que un tipo normal, de los que tienen gato, coche viejo y jersey marrón con coderas, se pueda estar haciendo en Ibiza 10.000 euros al mes alquilando su casa. Cifra que aunque en Mallorca solo llegue a la mitad, a muchos les puede hacer olvidar las multas, el remordimiento a quitarle el sueño a los vecinos o el sentido de culpabilidad por el encarecimiento de la vivienda que pueden provocar.
Puesto que el año pasado el negocio en las islas fue de nueve cifras me temo que muchos estarán dispuestos a seguir corriendo el riesgo de que les multen y en cuanto a las molestias a los vecinos, eso se arregla a las buenas o a las malas. Que si el Ayuntamiento de Roma quiere conseguir impedir que los turistas se paren frente a la Fontana de Trevi, aquí podemos conseguir que no griten en los pasillos o no monten fiestas en los balcones. Los hoteleros, cuando quieren, lo consiguen.
Más difícil es impedir que las viviendas dedicadas al arrendamiento de larga duración se pasen al lado oscuro del alquiler por días. Pretender que un propietario se conforme con 600 euros al mes con el alquiler tradicional cuando puede multiplicar esa cifra por 10 con el turístico, es confiar mucho en el altruismo humano. Porque si bien es cierto que el cambio de modelo está dejando las ciudades sin stock de viviendas para alquileres de larga duración, quienes deben facilitar el acceso a la vivienda son los poderes públicos y no los particulares. Deberán estos decidir qué zonas son solo residenciales y en qué zonas se permite al ciudadano medio comer un poco del pastel turístico, poniendo tal vez un límite a los precios y por supuesto cobrando tasas por ello.
Pero parece que ni el sindicato de inquilinos que se está creando en Cataluña tiene claro que quien debe poner límites son las poderes públicos y como primera medida ante el aumento de precios proponen una huelga de pago de rentas. Quieren castigar así al arrendador cuando tal vez deberían dejar de pagar impuestos para castigar a quién lleva 40 años construyendo menos viviendas de protección oficial para alquiler de las que se necesitan. Total, si luego sobran no pasa nada. Siempre se encuentra un turista que las alquile por 120 euros al día en Airbnb.
Acabo con una reflexión: Cuando todavía no había llegado el alquiler turístico se criticaba a esos nórdicos “que vienen y lo compran todo”. ¿Qué otra cosa se podía hacer con la casa vacía de los abuelos que solo daba problemas y gastos? Venía un tal Alf, Gunnar o Francisco, ponía medio millón sobre la mesa y la casa se vendía aunque llevase 200 años perteneciendo a la familia. Mucho cambia la cosas si la vieja casa de los abuelos puede dedicarse al alquiler turístico. En ese caso el patrimonio inmobiliario se queda en la familia y al tal Alf, Gunnar o Francisco le tocará pagar alquiler si quiere alojarse en ella.
Hagan cuentas porque muchas veces solo hay dos opciones. O se rentabiliza o se vende. Que es muy fácil pasear por el casco antiguo admirando las fachadas sin preguntarse cómo se las arregla el propietario para mantenerlas en pié.
