La polémica suscitada por la emisión en el Canal 4 TV de un vídeo con duras críticas al todavía alcalde de Palma, Mateo Isern, ha motivado que la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares (Apib) y el Sindicat de Periodistes de les Illes Balears (Spib), se manifestaran en contra de la pieza informativa emitida por el canal privado de televisión además de la entradilla hecha por los presentadores del informativo.
No puede negarse que el contenido del vídeo es de gran contundencia en contra del alcalde Isern y que los adjetivos con los que es calificado son duros y recios. Sin embargo, la Ley y la jurisprudencia ya establecen los límites a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, que como se sabe son derechos fundamentales que han de ser interpretados de la forma menos restrictiva posible, aunque no son ilimitados. Las entidades de periodistas son libres de manifestar su crítica por la crudeza de la crítica emitida, o su parecer sobre la sujeción a la ética periodística, pero al fin y al cabo es el aludido quien debe hacer valer su derecho si considera que el medio de comunicación se ha extralimitado con las expresiones utilizadas.
A este respecto parece excesivo aprovechar el caso para reclamar un Consell de la Informació al estilo del consejo audiovisual que ya existe en algunas comunidades autónomas (no sin cierta polémica), pues consideramos que los medios públicos ya tienen sus propios mecanismos de control y en los medios privados, como es el caso de Canal 4 TV, es la propia deontología profesional de los periodistas que allí trabajan la que debe primar antes que cualquier ente burocrático externo. El público y los anunciantes son también, en último extremo, quienes desde su libertad de elección habrán de juzgar la corrección o incorrección de la línea editorial o lo que haga el medio en cuestión que, insistamos, es absolutamente privado. Así pues, no nos parece buena idea la de reclamar un órgano administrativo para controlar a los medios de comunicación, pues ya existen las leyes penales y los tribunales a las que puede recurrir cualquier ciudadano que se sienta perjudicado por la información de un medio de comunicación.
