Las escenas de violencia policial sobre la población civil indefensa que hemos visto este domingo en Catalunya, nos han retrotraído a los que ya tenemos una edad suficiente, a los años sesenta y setenta del siglo pasado, cuando la represión brutal de la policía franquista, los “grises”, era la norma frente a cualquier intento de manifestación no autorizada, ninguna lo era, excepto las de adhesión incondicional al criminal dictador y al no menos criminal régimen que lo sostenía.
Lo que ha ocurrido en Catalunya es absolutamente inaceptable e injustificable en un país que pretende ser una democracia avanzada homologable. Las fuerzas de policía, los llamados cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, están precisamente para eso, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, lo que quiere decir para protegerlos y cuidar que no padezcan agresiones a sus derechos. Cuando son esas mismas fuerzas las que agreden con brutalidad y conculcan los derechos civiles de la población, dejan de ser fuerzas de seguridad para convertirse en fuerzas represoras, cualidad propia de regímenes autoritarios.
En un ejercicio de cinismo repugnante, el presidente del gobierno Mariano Rajoy, máximo responsable, y algunos de sus más significados adláteres, como la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, el ministro del Interior Zoido y el delegado del gobierno en Catalunya Millo, han manifestado que los policías nacionales y guardias civiles se condujeron con proporcionalidad. Es decir, consideran que golpear, arrastrar, empujar escaleras abajo, romper huesos, disparar balas de goma y gases irritantes y, en definitiva, agredir salvajemente a ciudadanos pacíficos y desarmados, incluyendo ancianos, señoras mayores, mujeres jóvenes e incluso personas con discapacidades, es actuar con proporcionalidad. Por no mencionar los destrozos materiales a todas luces innecesarios para conseguir sus propósitos de requisar urnas y otros materiales de la votación. Curiosa medida de la proporción.
Según las fuentes informativas judiciales, el auto de la magistrada encargada del sumario del referéndum catalán del uno de octubre, ordenaba a las fuerzas policiales impedir la votación sin alterar la convivencia. Incumplieron ambos mandatos. Solo consiguieron evitar la votación en una cierta cantidad de colegios electorales, mientras que se pudo votar en la gran mayoría y, en cambio, lo hicieron provocando no la alteración, sino la absoluta perturbación de la convivencia. No sé si la fiscalía o los jueces estarán considerando abrir un sumario por desobediencia, ya que los tienen tan por la mano con los miembros del govern de la Generalitat Catalana y de la mesa del Parlament de Catalunya.
Desde diversas instancias políticas, periodísticas y sociales se está disculpando a los policías y guardias civiles con el argumento de que son funcionarios que obedecían órdenes y, en último término, un mandato judicial. Eso es cierto y, por supuesto, los máximos responsables son sus mandos y, en último término, los cargos políticos, delegado del gobierno, ministro del interior, vicepresidenta y presidente del gobierno, en orden ascendente, pero el ensañamiento, la violencia desmedida y la brutalidad desaforada las aplicaron a título individual cada uno de los miembros de los cuerpos de seguridad. Tanta ferocidad era claramente innecesaria, salvo que lo que se pretendiera no fuera simplemente evitar la votación, sino humillar, dar un escarmiento, demostrar “quien manda aquí”.
Todo ello es la consecuencia de la tremenda falta de lucidez, del error de cálculo y del desconocimiento del auténtico carácter de los catalanes por parte del gobierno del partido popular. Desde el principio optaron por una estrategia absolutamente equivocada, en la que se dedicaron a fomentar la catalonofobia y aprovecharse electoralmente de ella y nunca pensaron que los ciudadanos catalanes demostrarían su carácter solidario ante la adversidad. Pensaban, como dijo Aznar, que antes de rompería Catalunya que España. Nunca se tomaron en serio el aumento del independentismo y, más allá del mismo, del distanciamiento emocional de España de un porcentaje progresivamente creciente de catalanes. Pensaron que, en último término, los catalanes no se atreverían a avanzar hacia la secesión y que se les podría comprar con algunas vagas promesas de inconcretas mejoras futuras de la financiación.
Cuando empezaron a ser conscientes de que el proceso seguía adelante, optaron por la intimidación, económica, judicial y política. Y como tampoco les ha funcionado, han optado por la violencia y el intento de humillación. Nunca han pensado en dialogar y mucho menos en pactar, quieren ganar, vencer, humillar. Eso es lo que explica la actuación policial de ayer.
Pero el gobierno y el Partido Popular solos no podrían haber hecho todo lo que ha conducido a la salvajada del domingo. Ha contado con la complicidad del conglomerado oligopólico mediático ubicado en Madrid y con el triste seguidismo sumiso y amansado del PSOE. No ha conseguido el PSOE ni siquiera hacer una condena contundente de los hechos, ni el PSC en Catalunya, quién lo ha visto y quién lo ve. Y los intelectuales, artistas y representantes de la cultura, que escribieron manifiestos contra el referéndum, ¿dónde están sus condenas?, ¿o es que están de acuerdo?. Nadie debería olvidar que lo que ayer se les hizo a los catalanes, mañana se le puede hacer a cualquier otro. La pulsión autoritaria admite muy mal la confrontación y siempre tendrá la tendencia a usar la violencia para imponerse.
Y lo de los medios de comunicación madrileños es ya la guinda del pastel. La desinformación o la información parcial y sesgada en unos casos y directamente la mentira, la manipulación, la posverdad por utilizar un término de moda, en otros, han llegado a límites delirantes y repugnantes, negando la evidencia de las imágenes grabadas en directo y que han dado la vuelta al mundo, o afirmando que se trata de imágenes de otros hechos de hace unos años. Todo vale con tal de justificar lo injustificable. Los medios catalanes, incluso los publicados en lengua castellana y que no son precisamente favorables a la independencia, han realizado, evidentemente con matices diferenciales, una labor informativa mucho más ecuánime y decente. En términos de medios de comunicación, de hecho, Catalunya y España ya son dos países distintos.
En definitiva, ahora ya sabemos lo que significaba “a por ellos”.
