Como no puedo suponer quién de los cinco varones podría imitar mejor el papel de Jesse Tyler Ferguson, ni imaginarme a la otra ‘madre coraje’ sustituyendo a Sofía Vergara en la celebérrima teleserie de la ABC, Modern Family, he optado por bautizar esta reflexión sobre el clan Pujol con el título de una saga terrorífica, en lugar de la versión cómica que tan bien nos vendría.
Si al tronco doble del árbol de Montjüic le sumas que seis de sus siete brazos tienen síntomas de albergar la procesionaria, debe hacer falta algo más que la controvertida fumigación aérea para erradicar el problema. En un suma y sigue, sin precedentes en la historia de España desde que Francisco de Borja fue virrey de Cataluña, el hijo menor del matrimonio entre el doctor (aunque sólo licenciado) Jordi Pujol Soley y la gerundense Marta Ferrusola fue detenido ayer, mientras se registraba su domicilio y otras propiedades que compartía con Luis Iglesias, por la sospecha de que el arrestado había participado, junto al yerno de Eduardo Zaplana, en una gran operación de blanqueo de dinero y un delito fiscal relacionado con la compra, por más de 2.000 millones de euros, de 1.152 oficinas bancarias del Banco de Santander, tras haber conseguido un préstamo para adquirirlas y para todas ellas un contrato de alquiler por veinte años del mismo banco.
Oleguer Pujol Ferrusola, que presume de ser el cerebro financiero de la estirpe, con el permiso de su madre, añade su ficha a la de sus hermanos Jordi, Josep, Pere, Oriol y Marta en la enciclopedia del crimen organizado. De ese dudoso honor se libra Mireia, por ahora, la única de todos que puede presumir de no haberse visto envuelta en otra cosa que por la bandera cuatribarrada.
Mucho antes de que el pasado 25 de julio, el expresidente de la Generalitat confesara su fraude a la hacienda pública, sus herederos ya ocupaban por mérito propio una de las letras de la Real Academia de la Desvergüenza. El llamado a sucederle y quien alcanzó la secretaría general de Convergència de Catalunya, Oriol Pujol Ferrusola, se pasó de frenada con el Ferrari de su hermano Jordi, implicándose en la percepción de comisiones multimillonarias con la ITV, que negó y sigue negando haber cobrado, como una inocente víctima de la persecución política. Mientras Josep reconoce que oculta dinero en paraísos fiscales y el primogénito aguarda el destino de los últimos cómplices que la autoridad judicial ha puesto a buen recaudo, la hija mayor y el que le siguió, continúan consumiendo los beneficios que les reportó trabajar como arquitecto y consultor medioambiental para el vecino con más solera en la plaza de Sant Jaume.
Cuesta respetar la presunción de inocencia cuando confluyen tantos elementos indiciarios en una sola casta, presunciones que son enervantes por separado, pero que unidas bajo el mismo apellido provocan nauseas. No por ello me tiraré al monte, porque con los que ahora conforman el sistema al menos sé que antes o después en esta película de malos actores, son los malos los que mueren. Hasta que no haya sentencias firmes, mantendrán la condición de presuntos y seguirá siendo así porque residen en un estado de derecho, al que quieren renunciar para que a sus paisanos siquiera nos quede la esperanza de que quien la hace la paga.
Mientras llega el momento de que se pronuncie la invidente de la balanza o le den cobertura los que quieren cambiar las reglas del juego, sin el concurso del resto, el sucesor de Tarradellas es ya oficialmente un pensionista y como tal comenzará a percibir su correspondiente abono de la Seguridad Social en los próximos días. A sus ochenta y cuatro años cobrará catorce pagas anuales de unos 2.550 euros cada una, la máxima en el sistema de pensiones español, sin que haya devuelto un euro de lo que nos ha robado.
