El Alzheimer avanza de forma imparable en todo el mundo, una situación a la que Baleares no es ajena, con el agravante de que la mayor parte del gasto ocasionado por este tipo de demencia corre a cargo de la familia del paciente, porque si recayese sobre la sanidad pública supondría un 10% de todo su presupuesto, una situación que hoy, Día Mundial del Alzheimer, cobra especial relevancia. En España 700.000 enfermos, de los que 30.000 son residentes en Baleares, son las cifras de una enfermedad que afecta también, y de forma muy importante, a las familias, ya que un 75% de los familiares que se dedican al cuidado de estos pacientes sufre estrés y un 50% depresión. Alrededor de 800 nuevos casos de alzheimer se diagnostican cada año en Baleares, si bien se calcula que en la comunidad hay unas 6.000 personas que sufren esta enfermedad degenerativa del cerebro, aunque la mitad de los casos no han sido diagnosticados, según ha informado la Conselleria de Salud, Familia y Bienestar Social basándose en los datos del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Son Espases De hecho, los datos reflejados en el informe “Impacto socioeconómico de la enfermedad de Alzheimer y otras demencias”, elaborado por el equipo de expertos de la FEEN, la Fundación del Cerebro, confirma que los casos de demencia se incrementan de forma exponencial con la edad. El equipo ha sido coordinado por la doctora Cristina Prieto y han colaborado la doctora Eimil Ortiz y los doctores Carlos López de Silanes y Marcos Llanero. Así, mientras su prevalencia se sitúa por debajo del 2% en el grupo de edades comprendidas entre los 65 y 69 años, este valor se duplica cada 5 años, alcanzando un 10-17% en el grupo de 80 a 84 años y llegando a valores del 30% por encima de los 90 años. De esta forma se calcula que, en 2050, en España, habrá más de un millón de enfermos, mientras que, en todo el mundo, la cifra llegará hasta los 113 millones. “Por tanto, es previsible una auténtica epidemia mundial en los próximos años, debido al envejecimiento progresivo de la población”, asegura el doctor David A. Pérez, director general de FEEN. “No obstante, se calcula que llevar a cabo actividades preventivas, permitiría retasar la aparición de la enfermedad y, por tanto, reducir unos 12 millones los casos mundiales en 2050”, señala. La demencia es un síndrome clínico caracterizado por un deterioro persistente y progresivo de las funciones cerebrales superiores (memoria, lenguaje, orientación, cálculo o percepción espacial, entre otras), con la consiguiente pérdida de la autonomía del enfermo, cada vez más dependiente de los demás, en detrimento de su actividad sociolaboral y la de sus cuidadores. “Aunque la enfermedad de Alzheimer supone entre un 60% y un 80% de los casos de demencia, existen numerosas patologías que también la producen, como por ejemplo las producidas por enfermedad vascular cerebral, siendo ésta la segunda causa más frecuente”, explica la coordinadora del estudio la doctora Cristina Prieto. La demencia aumenta la carga de morbilidad de las personas afectadas, con especial incidencia de problemas de índole vascular (17,9% padece cardiopatía isquémica, 32,3% ictus cerebrales), riesgo de caídas (el 17,7% de los pacientes sufre alguna fractura), infecciones (el 14% ha tenido neumonía) y depresión (más de la mitad de los pacientes). Además, es también un factor de riesgo importante de ingreso hospitalario, ya que se incrementa de manera muy significativa la estancia media de los pacientes (78,11 días frente a 6,9 de media), siendo además los ingresos médicamente complejos. De hecho, los gastos sanitarios de enfermos de Alzheimer son un 34% mayores que los derivados de una población similar sin la enfermedad. La mortalidad atribuible a la demencia (30% en varones, 50% en mujeres mayores de 85 años) se sitúa en un nivel cercano al de otras enfermedades como el cáncer o las enfermedades vasculares. Además, es una de las principales causas de discapacidad en los países de nuestro entorno, dado que provoca una mayor dependencia que enfermedades como el ictus, la enfermedad de Parkinson o las enfermedades cardiovasculares. “A pesar de ello, la demencia no constituye habitualmente una prioridad de salud pública, con la dificultad que esto implica para la puesta en marcha de programas de prevención en estadios precoces”, comenta el doctor David A. Pérez, “nuestro país es pionero en la salvaguarda de la autonomía y dignidad del paciente con demencia, gracias a la elaboración del Documento Sitges 2009, que sienta las bases éticas y legales de atención al paciente con demencia”. En España, la mayor parte del gasto ocasionado por la demencia corre a cargo de la familia del paciente (87 % frente al 13% asumido por fondos públicos). Esto hace que el coste económico esté infravalorado, lo que no permite una buena planificación presupuestaria. Aun así, se calcula que, en 2004, el gasto total fue de 8.200 millones de euros, lo que habría significado, de haber sido asumido por el presupuesto total de sanidad, el 10% de los gastos; por otro lado, el coste anual por paciente oscilaba entre 18.000 y 52.000 euros, según la gravedad de la demencia. “Dentro de las medidas que pueden reducir el coste total de las demencias figuran el diagnóstico precoz, la implementación de un tratamiento en las fases leves y el empleo de alternativas terapéuticas no farmacológicas”, explica la doctora Prieto. Por otra parte, se calcula que el paciente con enfermedad de Alzheimer precisa de unas 70 horas de cuidados a la semana, que recaen, principalmente, sobre los familiares. Dichos cuidadores muestran un incremento considerable de enfermedades psicológicas y físicas: hasta el 75% sufre estrés y el 50% depresión, lo que origina una pérdida de calidad de vida y una institucionalización más temprana del paciente. El informe de la FEEN también señala que, en nuestro país, existe una proporción muy importante de demencias no diagnosticadas, especialmente en las fases más leves, debido a una falta de concienciación social, y a una escasa planificación sanitaria pública (falta de formación y de infraestructuras adecuadas); a pesar de que el diagnóstico precoz ha demostrado claramente una reducción de la repercusión social y del impacto económico de la enfermedad. “No obstante, la sospecha de demencia se ha convertido en el primer motivo de consulta en neurología, lo que contrasta con la escasez de tiempo disponible por paciente y la falta de unidades especializadas. Es necesario implementar programas globales que permitan un diagnóstico precoz, un tratamiento multidimensional y un abordaje multidisciplinario que abarque no sólo al enfermo sino también a los cuidadores principales, que permita reducir la carga sanitaria, social y económica de las demencias”, concluye el informe.
