Los jesuitas catalanes han puesto en marcha procedimientos para investigar los abusos que se hubieran podido cometer en sus colegios en los últimos cincuenta años, y ello aunque afortunadamente no hayan sufrido casos recientes, según manifiestan.
Es evidente que algo se mueve en el seno de la Iglesia, a la que los propios católicos hemos criticado a menudo su aparente lentitud para dar una respuesta verdaderamente cristiana a algunos clamores sociales frente a injusticias flagrantes. Tal es el caso de las sufridas por las víctimas de abusos sexuales y de cualquier otro orden.
Pero, si hasta hace bien poco, todo parecía ceñirse a experimentar un sentimiento de inmensa vergüenza y a la esperanza de que se hiciera justicia con abusadores y abusados, el impulso moral y doctrinal que el Papado de Francisco está significando para la Iglesia obliga a todos los católicos a no quedarse ahí, a no conformarse, a ser proactivos en la búsqueda de la verdad y de la reparación a que tienen legítimo derecho todas las víctimas, actuales o pasadas, y a hacer un ejercicio de transparencia y humildad ante la sociedad, a la que deberá pedirse perdón una y mil veces si es preciso por no haber puesto el práctica en el pasado todo lo posible para evitar que pudieran darse esas situaciones y, cuando eran descubiertas, por no haber actuado en pro de la coherencia, persiguiendo el castigo de los culpables y la reparación de las víctimas, aun a costa del daño a la imagen de la institución.
Porque, si el abuso es siempre un crimen abyecto, aún lo es más cuando se lleva a cabo en el seno de una comunidad cuyo norte no puede dejar de ser el del amor al prójimo y el amparo a los más débiles frente a la injusticia.
Un ejercicio como el que afronta la Compañía de Jesús en Cataluña y como el que me consta que han iniciado o pretenden encarar en idéntico sentido muchas otras instituciones de la Iglesia, contribuirá sin duda a retornar a la senda de la coherencia y servirá para reconciliarse con muchos católicos heridos en lo mas hondo por la ignominia de la pasividad o el ocultamiento de los abusos.
Dicho esto, es importante recordar que todas las instituciones de la Iglesia católica son objeto de una muy especial atención por parte de los medios informativos cuando, por desgracia, se da uno de estos lamentables casos y que, por ello, se puede haber magnificado socialmente la incidencia real de este tipo de hechos en el devenir del tiempo. Cierto es que, con que hubiera un único caso, sería suficiente para justificar un examen minucioso de sus causas y de los mecanismos de prevención a adoptar para que no se repitiera. Pero, con todo, las estadísticas desmienten que sean las instituciones religiosas un ámbito con especial propensión a estos comportamientos. En los últimos treinta años han sido condenadas en España alrededor de 35.000 personas por delitos contra la libertad sexual de las personas, y de éstas únicamente 35 -el 1 por 1000- tenían vínculos con la Iglesia. Es posible, no obstante, que algunos delitos cometidos no hubieran sido denunciados o incluso descubiertos y, por ello, que sus víctimas sigan a día de hoy sin ser objeto de la más mínima reparación, siquiera moral. De manera que bienvenida sea la investigación y este nuevo rumbo que emprende la Iglesia católica.
