Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja, Castilla y León, Galicia y Navarra. Han leído bien. Entre estas comunidades no se encuentran las Illes Balears.
La receta electrónica ya es interoperable entre nueve comunidades entre las que no está incluida Balears. Los pacientes empadronados en estos territorios pueden retirar sus fármacos en cualquiera de las 10.000 farmacias que las integran. Presentando la tarjeta sanitaria individual, el farmacéutico accede al listado de los productos que un paciente tiene prescritos y procede a su dispensación.
Mientras tanto, los Baleares para retirar sus medicamentos, fuera de su territorio, precisan recetas en papel y que la suerte les acompañe.
En 2006, la consejera Castillo implantó la receta electrónica. Fue una iniciativa pionera en España. La primera dispensación electrónica se realizó en Ibiza. Una década más tarde, no estamos entre la decena de CCAA que permiten la interoperabilidad de sus tarjetas. Hemos sufrido un bajón considerable en el desarrollo de los sistemas de información en salud, hasta conseguir que nuestros pacientes sean de segunda. Y que los más de tres millones de visitantes nacionales anuales dejen de pasar por la caja de nuestras oficinas de farmacia.
Es un ejemplo. Un ejemplo significativo de la falta de impulso en aspectos estratégicos que permiten medir la fortaleza de las administraciones públicas y la calidad de los servicios que prestan. Sin sistemas de información fiables las tecnologías de la información se quedan cojas y el servicio prestado deficiente. ¿Es para preguntarse si, en este ámbito, estamos en las mejores manos?. Suya es la contestación.
