La consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha denunciado este miércoles deficiencias en la gestión durante la pasada legislatura de la Renta Social Garantizada (Resoga). Según los datos, un 20 por ciento de los que se beneficiaron de este subsidio durante 2023 estaban dados alta en la Seguridad Social y, por tanto, trabajaban y no habían comunicado al órgano competente la mencionada alta, recibiendo dichas ayudas de manera indebida. 500 de los 3.300 beneficiados se dieron de baja en pocas semanas tras el cambio de ejecutivo en las Islas.
Así lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa la consellera de Familias y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, quien ha expresado su "sorpresa" cuando llegó al departamento que ahora gestiona, al ver que de junio a julio de 2023 -cuando todavía la Conselleria estaba liderada por el anterior Ejecutivo- se dio una bajada de perceptores de cerca de 500 personas.
Cirer ha explicado algunos incumplimientos de la ley que regula estas ayudas autonómicas a personas con pocos recursos desvelados por una auditoría del Govern, como el hecho de que hasta el pasado junio no se cruzaron los datos de los beneficiarios con los registros de la Seguridad Social, comprobación que permitió descubrir un 14,7 % de perceptores que estaban dados de alta como trabajadores y no tenían derecho a la Resoga.
Según la consellera, esa revisión de las condiciones de los perceptores de la Resoga, unas ayudas para personas en riesgo de exclusión sin derecho al Ingreso Mínimo Vital estatal, ha hecho aflorar el cobro indebido de unos 400.000 euros cada mes, según la estimación de los auditores.
Cirer ha recordado en rueda de prensa que anunció en el Parlament que su departamento había encargado una auditoría sobre esta prestación que está llevando a cabo aún el servicio de Intervención de la Conselleria de Economía.
El detonante de esta revisión fue el citado descenso de casi 500 perceptores de Resoga de junio a julio del año pasado (de 3.332 a 2.842), justo cuando ella y su equipo se acababan de hacer cargo del departamento, un hecho que se produjo por el contraste de los listados de perceptores con las altas de la Seguridad Social.
De enero a diciembre el año pasado los beneficiarios se redujeron un 18,7 %, de 2.387 a 2.753, y en el conjunto de 2023, incluyendo una paga extra, la administración autonómica abonó 29,9 millones de euros por este concepto, ha precisado.
Según la ley, ha indicado Cirer, es obligación de la administración autonómica revisar cada año la Resoga, en vigor desde mayo de 2016, para comprobar que los perceptores cumplen las condiciones establecidas y también debe cruzar los datos tanto con la Tesorería de la Seguridad Social como con los padrones municipales.
La consellera ha afirmado que nada de esto se ha cumplido de forma sistemática y que su equipo sí va a hacerlo, con una reestructuración del departamento para organizar esa comprobación periódica de datos. Además, se reactivará la comisión técnica de la Resoga prevista en la ley.
"El único objetivo es mejorar la gestión", ha remarcado Cirer, para quien es injusto que personas que no cumplen las condiciones de necesidad determinadas obtengan unos recursos públicos "que son limitados".
En cuanto a la exigencia del cumplimiento de la devolución de las percepciones indebidas de la Resoga, ha apuntado que se planteará a personas cuya situación económica se lo permita.
