El juzgado especializado en cláusulas suelo de Palma, el de Primera Instancia número 17, asumirá unas 500 causas al año por esta cuestión, según el cálculo aproximado del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). Los jueces decanos han expresado su "preocupación" por la "situación caótica" en que se encuentran los juzgados provinciales especializados para resolver demandas por las cláusulas suelo de las hipotecas, que empezarán a funcionar el jueves a pesar de no disponer de la "dotación mínima necesaria".
El 1 de junio empezarán a funcionar los Juzgados especializados en cláusulas suelo designados por el Consejo General del Poder Judicial para asumir estas causas, uno de ellos en Mallorca, otro en Menorca y otro en Ibiza, para que tengan un tratamiento procesal individualizado y especializado y que no interfieran en el resto de asuntos. La competencia se ha asignado en exclusiva, de modo que este tipo de asuntos se registrarán sólo en un juzgado en cada isla, si bien estos juzgados seguirán asumiendo además el resto de asuntos que ya tenían asignados "como hasta ahora", ha explicado el presidente del TSJIB, Antoni Terrasa.
Terrasa ha señalado que es difícil prever la nueva carga que corresponderá a estos juzgados, si bien se ha llevado a cabo un cálculo aproximado basado en los asuntos registrados en 2016, que previsiblemente aumentará.
LOS JUECES AUGURAN PROBLEMAS
En un comunicado, los 50 magistrados instan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas a que cumplan con su obligación de dotar de medios personales y materiales a estas sedes judiciales y trabajen de forma conjunta con el fin de asegurar el buen funcionamiento del sistema.
Consideran además que la "falta de coordinación" entre las instituciones ha dejado "abandonados a su suerte" a los jueces encargados de tales procedimientos, sin que nadie aporte "soluciones efectivas" a falta de dos días para su puesta en marcha.
En consecuencia, prevén que la "imprevisión" ocasione el colapso de los juzgados desde el mismo momento de su nacimiento, ya que recibirán "centenares de demandas de toda la provincia pero no podrán tramitarlas por falta de medios", tanto a nivel de letrados de la Administración como de funcionarios, ordenadores o cuentas de consignaciones.
Por ello, piden a las salas de Gobierno de los diferentes Tribunales Superiores de Justicia que informen en caso de no disponer de recursos suficientes ya que ello podría derivar en una suspensión del plan de urgencia y, por ende, en un reparto de las demandas.
Una visión que también comparten expertos y asociaciones de consumidores como Asufin, cuya presidenta, Patricia Suárez, considera que la decisión de instaurar un único juzgado "generará retrasos" y dejara estas causas en manos de "jueces en prácticas, con una formación express", lo que supone un agravio para los usuarios de productos financieros.
