102 millones de inversión pública para garantizar el éxito de la nueva Ley Turística balear

La nueva Ley Turística de Baleares, aprobada el pasado viernes, ha recibido el respaldo de empresarios y sindicatos, así como de la mayor parte del espectro político representado en el Parlament, donde la única censura se ha centrado en la fórmula de decreto con que el Govern ha decidio llevar adelante la norma. Del sector, la única voz discordante ha sido la de la patronal del alquiler turístico, que ha afirmado sentirse "engañada" por el ejecutivo balear, al ver reducidas sus posibilidades de crecimiento y consolidación, estando a la vez muy marcada por los problemas de convivencia vecinal y de alteración del precio de los alquileres que ha supuesto su desarrollo en los últimos años.

La ley persigue hacer de Baleares el primer destino turístico de economía circular, con la sostenibilidad y la protección social como ejes centrales del nuevo articulado. Para que esta transformación pueda llevarse a cabo será necesaria, sin embargo, una decidida labor inversora desde las administraciones públicas. El sector hotelero calcula en un mínimo de 102 millones de euros el montante de inversiones públicas necesario para culminar plenamente los objetivos de la ley.

Según los cálculos del sector, la citada cantidad total estimada debería cubrir las convocatorias destinadas a proyectos de eficiencia energética y circularidad, apoyo a la instalación de camas elevables, creación de centros de formación y desarrollo e impulso a las políticas de digitalización del sector. La Conselleria confía en que la base de este imprescindible apoyo económico se nutra de los nuevos fondos europeos.

Más allá del texto, el éxito de la nueva norma dependerá de la capacidad de desarrollar una estrategia de conjunto que permita afrontar en tiempo y forma los ambiciosos objetivos de la ley. Habrá que incluir plazos razonables para la amortización de inversiones y -en línea con la labor ya desarrollada durante los últimos años- incentivar que las empresas puedan seguir reformando sus establecimientos. Aún queda un 40 por ciento de la planta hotelera pendiente de modernizar y un destino que aspire a ser líder en materia de sostenibilidad debe trabajar para que sus instalaciones sean también de primer orden.

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