Zoonificación
viernes 02 de febrero de 2018, 02:00h
Las nuevas tecnologías y la robótica están obligando a los gobernantes a legislar para ordenar los nuevos escenarios a los que se enfrenta la sociedad del siglo XXI, pero la limitada capacidad de nuestros políticos y los intereses creados por cada partido ralentizan hasta la ineficacia su toma de decisiones.
Esta semana hemos vuelto a observar lo fácil que se reproduce una Torre de Babel institucional, cuando se han confrontado la Ley de Turismo balear, el PIAT mallorquín y los intereses municipales. Si una de las mayores amenazas para la sostenibilidad de nuestra economía y el medioambiente es el alquiler vacacional, más vale que mantengamos el pasaporte en vigor.
Siempre me he posicionado como defensor de que una actividad mercantil debe estar sujeta a unos mínimos de calidad, seguridad, higiene, respeto al entorno, servicios y fiscalidad. Lo que me resulta menos comprensible es la obsesión y alarma que ha suscitado esta nueva fórmula de alojamiento y la controversia que ha generado el arrendamiento de inmuebles a turistas.
Los planes territoriales y los urbanos de cada localidad ya han tenido en cuenta la densidad demográfica residencial y las infraestructuras necesarias para su bienestar. No acabo de ver por qué el consumo de territorio, de servicios o la supuesta congestión varían según el tipo de inquilino y la duración de su arrendamiento, en lugar de que la determine el número de habitantes que comparten la casa. Siquiera comprendo el temor en las viviendas plurifamiliares a que algún cliente pueda ser poco respetuoso con el vecindario durante su estancia, como si el riesgo fuera menor bajo el paraguas de la LAU y con peor remedio durante más tiempo. Si hay alguna diferencia sustancial es que el gasto medio diario de cada turista internacional en nuestras islas fue de 144€ en 2017, cifra inalcanzable para un hogar medio, que en conjunto no supera un consumo diario de 80€. No se precisa mucha reflexión para valorar quién puede colaborar más activamente en el desarrollo de una escasa oferta complementaria y en la creación de nuevos puestos de trabajo.
Es verdad que la posibilidad de obtener una renta mayor con la explotación turística de un inmueble, ha disparado el precio del alquiler para quienes prefieren arrendar o no pueden adquirir una propiedad, pero la presunta parcelación propuesta por el Consell de Mallorca no resolverá el problema, porque solo las zonas maduras o prohibidas por su saturación albergarán contratos de larga duración y tendremos turistas donde no los hay ahora y más gente todo el año donde la demanda es atendida por la hotelería tradicional. Esto, si nos aclaran cómo van a controlar la limitación del alquiler a 60 días en determinados entornos, cuando apenas tienen seguridad jurídica en las actuales circunstancias, tanto como si esta tolerancia será para fechas consecutivas o no, lo que también vetaría la oferta de larga duración.
Si la “hotelización” de nuestra oferta inmobiliaria podría convertir nuestro archipiélago en un gran parque temático, considerar que la población puede segregarse por su permanencia, enjaularía a nuestros residentes como en un zoológico, donde determinados pobladores tendrían un entorno supervisado y confortable, mientras nuestros dirigentes miran para otro lado cuando los pisos patera o en condiciones infrahumanas son ocupados por inmigrantes o trabajadores con salarios infames.