El fiasco de una instrucción partidista, con testigos dirigidos y pruebas inconsistentes ha conducido a desmontar definitivamente el Caso Cursach. El episodio definitivo que supone el cierre del caso es la retirada por parte del empresario Ángel Ávila de todos los cargos que mantenía como acusación particular contra el empresario y su número dos, Bartolomé Sbert, que quedó definitivamente al margen de la acusación de Ávila este lunes. Ayer martes quedó absuelto definitivamente por el tribunal.
El caso se ha desvanecido a la par que avanzaban las sesiones de la vista oral que se inició el pasado mes de abril. Las pérdidas de memoria de aquellos que habían acusado durante la instrucción -incluidos policías del Grupo de Blanqueo- o las declaraciones de testigos que afirmaron ante el tribunal que sus testimonios habían sido inducidos -cuando no directamente manipulados- por el fiscal Subirán han llevado a diluir toda acusación.
La propia Fiscalía ya anunció el 18 de noviembre que retiraba todas las acusaciones al comprobar que ninguno de los testimonios presentados ante el tribunal suponía prueba de cargo.
Como un castillo de naipes, la macrocausa orquestada durante años por el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán se ha ido desmoronando hasta quedar en nada. El caso Cursach comenzó a investigarse en 2013 con la imputación del empresario, personas de su entorno, políticos y decenas de policías y funcionarios. El propio Cursach, en esta fase de instrucción, ya estuvo en prisión preventiva 14 meses -entre febrero de 2017 y abril de 2018-, imputado por un largo rosario de delitos atribuidos por los instructores en base a pruebas y testimonios que, durante el juicio, se han comprobado inconsistentes o directamente falseados. Los propios Penalva y Subirán -actualmente jubilados por incapacidad- están pendientes de ser juzgados acusados de detenciones ilegales, coacciones a testigos y obstrucción a la justicia.
Casi diez años después, y tras meses de juicio, no queda ninguna acusación en pie contra el grueso de los encausados y sólo se mantiene la que representa al bar Sa Trobada contra dos agentes de la Policía Local. Esta inconsistencia de las pruebas llevadas ante el tribunal ha provocado que el juicio avance su final. En un principio estaba previsto que acabara en abril de 2023. Después se recortó a mediados de febrero y, finalmente, terminará a mediados de diciembre.
Así las cosas, lo que se puede afirmar es que ya no hay Caso Cursach. Aunque lo que se derive posteriormente de toda la chapuza orquestada por Penalva y Subirán y las posibles consecuencias de tan indigna instrucción será otro episodio.
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