Viviendas para extranjeros

La Comisión Europea se ha pronunciado formalmente en contra de restringir la compra de viviendas a no residentes, como se viene debatiendo en Baleares durante los últimos meses. La respuesta la daba este miércoles la comisaria europea de Estabilidad financiera y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness, tras una pregunta parlamentaria de la eurodiputada balear del PP Rosa Estaràs.

McGuinness recordaba, en su respuesta, que el artículo 63 del Tratado de la Unión Europea prohíbe explícitamente las restricciones a los movimientos de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, "incluidas las viviendas", por parte de nacionales de la UE no residentes. Sólo por razones de orden público o de interés general reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría haber excepciones, siempre que no sean discriminatorias y estén proporcionadas al objetivo perseguido; una alternativa que aleja cualquier aplicación de la iniciativa que los partidos del Pacte, junto con El Pi, defienden para Baleares.

La pretensión de vetar la venta de inmuebles a extranjeros en las Islas ha sido una de las ideas que más fervientemente ha defendido el Pacte para intentar influir en los precios de la vivienda eliminando de la ecuación a un sector muy dinámico en el mercado inmobiliario local.

Faltos de mayores iniciativas -y fieles a su gen intervencionista- la propia secretaria general de Podemos y actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se comprometía hace una semana a "presionar" para que "las islas puedan legislar la restricción de compra de viviendas a no residentes".

Ahora ya existe una postura formal de Europa al respecto. Una postura que ya se había avanzado y que, de hecho, no sorprende al rechazar cualquier medida intervencionista y que limite los derechos y la libertad de movimientos de personas y capitales que recoge la Carta de Derechos de la UE. En la práctica -y aunque la portavoz del PSIB, Pilar Costa, insista en que su formación seguirá apostando por una regulación que "dé prioridad a los residentes"- la decisión obliga al Govern y a los partidos que lo sustentan a poner en marcha una sólida política de vivienda basada en opciones reales que den respuesta al principal problema que viven hoy las Islas. Un problema que con cortinas de humo, pérdida de tiempo y ocurrencias no se soluciona.

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