La vida a 27 grados y con menos luz, un plan que puede llegar a los tribunales

Todos los edificios de las administraciones, así como los de cualquier negocio abierto al público están obligados desde hoy a cumplir las normas que recoge el Real Decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno y que se refieren, sobre todo, a la limitación de los aires acondicionados y la restricción horaria para la iluminación de oficinas, escaparates y fachadas.

El plan, que estará en vigor hasta el 1 de noviembre de 2023, ha levantado un intenso debate político -con el anuncio de llegar hasta el Tribunal Constitucional por parte de alguna comunidad autónoma crítica con el contenido de la nueva norma- y una no menos enérgica contestación por parte de los sectores más afectados. Estos últimos han reclamado mayor claridad a la hora de fijar las obligaciones -y sus excepciones-, cuando no, directamente, han señalado que el plan les llevará a la ruina, como ocurre con los comerciantes de Baleares, afectados por la limitación del termostato a 27 grados o la instalación de puertas de cierre automático que será obligatoria a partir de septiembre.

La norma establece numerosas excepciones puntuales para bares, restaurantes, habitaciones de hotel, gimnasios..., lo que no contribuye a reducir la confusión. Muchos de los afectados desconocen con certeza cómo tienen que actuar a partir de hoy o si están exentos de alguna de las obligaciones, a pesar de lo cual se exponen a multas que oscilan desde los 60.000 euros hasta los 100 millones para los casos más graves.

Baleares aplicará la norma sin discusión y vigilará su cumplimiento, aunque la patronal CAEB ya la ha tildado de "confusa, contradictoria y precipitada". No diferenciar entre las distintas zonas del país, teniendo en cuenta los diferentes climas o la mayor o menor dependencia del turismo es una de las mayores críticas que plantean los sectores afectados. También los de las Islas, que pueden ver alterada su actividad en plena temporada alta de llegada de visitantes y tras dos años de serios problemas económicos.

La necesidad de lograr un eficiente ahorro de energía no está en discusión prácticamente en ningún estamento de la sociedad española, cada vez más mentalizada por los efectos de la crisis energética. El problema es que cualquier decisión en esa línea debería evitar situaciones de inseguridad jurídica como las que plantea el actual real decreto y, sobre todo, tendría que aprobarse con un alto grado de diálogo previo y el mayor consenso posible.

Ha habido casos recientes como los decretos del estado de alarma, declarados inconstitucionales más de un año después de su aplicación que deberían servir de ejemplo de cómo no se tiene que actuar. Y sin exponerse a tener que pagar indemnizaciones millonarias si la norma mal construida provoca reclamaciones.

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