Implantar un sistema energético completamente descarbonizado en Baleares -en un horizonte de 20 años- puede suponer la creación de hasta 30.000 empleos, según el estudio realizado por la consultora Monitor Deloitte en colaboración con Endesa y que fue presentado este lunes por los máximos directivos de ambas compañías junto a la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
El reto significa adelantar los plazos diez años respecto a la fecha fijada por la Unión Europea, pero podría conllevar importantes ventajas en territorios insulares como las Baleares. El estudio analiza actuaciones en materia de transporte, consumo en los hogares, en servicios y sobre la propia generación eléctrica. Entre sus conclusiones señala que, con esta opción, el gasto energético de las familias disminuiría entre un 30 y un 40 por ciento en 2030 con respecto a la actualidad, y entre un 60 y un 72 por ciento en 2040.
La alternativa, sin embargo, requiere de decisiones y de actuaciones en consonancia, especialmente inversiones. Actualmente, el transporte es el responsable de entre el 40 y el 50 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en los territorios no peninsulares; el residencial, de entre el 1 y el 3 por ciento, y el de servicios, entre el 2 y el 4 por ciento; la generación eléctrica es responsable de un 40 por ciento de las emisiones.
Los deberes para cambiar esta situación son notables, ya que sólo con planes realistas se puede avanzar hacia una descarbonización más rápida y que resulte útil para la economía balear. Así, en el citado periodo, las islas deberían multiplicar por 15 el ritmo de generación energética mediante renovables y aumentar su volumen de almacenamiento, además de incrementar la capacidad de interconexión con la Península. Todo ello requeriría la inversión de unos 7.000 millones de euros y significaría la creación de entre 15.000 y 30.000 nuevos empleos en la comunidad.
Acelerar la opción "verde", como plantea el estudio, puede ser una alternativa útil y beneficiosa para las Islas. Pero requiere de mucha determinación y grandes dosis de realismo por parte de las administraciones, ya que no sólo hará falta destinar un volumen importante de recursos económicos, sino que también requerirá arbitrar normas que ayuden a los particulares y empresas a transitar hacia un nuevo modelo energético. La opción tiene ventajas, pero también plantea obligaciones.