La regulación del alquiler turístico en Balears que ha puesto en marcha el Govern supondrá pérdidas millonarias. Así lo que aseguran en total de once entidades encabezadas por Fevitur (Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos). Aseguran que más de 20.000 ciudadanos "podrían dejar de percibir unos 100 millones de euros al año, ingresos extra que usan para hacer frente a sus hipotecas y otras deudas o gastos que, en caso contrario, no podrían asumir". Además, han asegurado, los negocios locales alejados de las principales zonas turísticas "dejarían de ingresas unos 900 millones de euros al año". Se han comprometido a trabajar de forma conjunta en la adopción y fomento de medidas orientas a garantizar "un turismo de todos, sostenible y responsable para Baleares". Las empresas y asociaciones firmantes del manifiesto son ADigital, Fevitur, Airbnb, Homeaway, Rentalia, Fotocasa, Pimeco, SpainHolidays, Pimem y Aptur.
Según el miembro de la junta directiva de Fevitur, Tolo Gomila, se trata de una ley que "no es una regulación, sino una prohibición que lo que hace es perjudicar a las familias de Balears" al ser "confusa y desproporcionada" contra aquellos que alquilan o comparten su casa.
"Es una ley que imposibilita regular de forma adecuada el alquiler vacacional que siempre ha existido en Baleares y que se le ha dado visibilidad y socializado sus beneficios. Esta nueva Ley propicia la vuelta al pasado, a la opacidad, y a mantener un modelo turístico caduco", aseguran.
Desde Aptur Baleares, su presidente, Joan Miralles, ha remarcado que les gustaría que cuando el Govern hable de alquiler turístico "no lo asocie a un adjetivo peyorativo" si no que cuente siempre con ello "y en positivo".
Asimismo, el presidente de Pimeco, Bernat Coll, ha argumentado que es necesario poner orden y hablar de sostenibilidad y techos "pero siempre con cordura".
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