Vacunados Covid en Baleares: Privacidad y datos personales en riesgo

El IBSalut reconoció este lunes el envío generalizado de certificados Covid a usuarios equivocados, tal y como habían denunciado algunos de los afectados a mallorcadiario.com. La propia administración admitió el error ante los ciudadanos que se pusieron en contacto con el servicio de salud tras recibir en sus domicilios una notificación a nombre de un destinatario que no se correspondía con el solicitante.

El episodio -uno más en medio de la monumental crisis que está tensionando un sistema sanitario y administrativo que jamás habría estado preparado para ello- se justifica como un simple error de la maquinaria burocrática del IBSalut, con una respuesta por parte de los funcionarios que atendían las llamadas que, aunque lógica, no deja de provocar una cierta inquietud: "Rompa usted el que le ha llegado y ya le llegará el correcto".

Estos certificados contienen datos personales que están protegidos por ley y su conocimiento por parte de terceros no debería ser posible bajo ninguna circunstancia. Muchos han elegido recibirlos en su casa como alternativa más cómoda a la hora de disponer de un documento que acredite su vacunación o la superación de la Covid, sin tener que desplazarse a los puntos de expedición o descargárselo en el móvil. El sistema, sin embargo, debería ofrecer garantías plenas de que la información confidencial que contienen los certificados queda a disposición únicamente de los interesados.

IBSalut fía ahora a la buena voluntad de los receptores equivocados -que deben romper un certificado que no es el suyo- la preservación de esta confidencialidad. La posibilidad de que no todos lo hagan existe, con lo que se quiebra la tranquilidad de los afectados y se abre una opción para que se produzcan acreditaciones de difícil comprobación.

La Ley orgánica sobre protección de datos personales y garantías de los derechos digitales, en vigor desde 2018, establece, que los responsables de cualquier tipo de gestión y tratamiento de datos confidenciales están sujetos "al deber de confidencialidad". El afectado debe expresar inexcusablemente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, y hacerlo, además, de manera "libre, específica, informada e inequívoca", aceptando "ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen". Las multas oscilan entre los 40.000 y los 300.000 euros.

El servicio de salud balear ha incurrido en un fallo sobre el que debe dar respuestas pero, sobre todo, soluciones para que sea imposible que vuelva a ocurrir. Para tranquilidad de los ciudadanos, incluidos todos aquellos que aún dudan si solicitar el certificado.