Urge una solución consensuada al problema de la vivienda

El acceso a la vivienda, ya sea mediante compra o alquiler, se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos baleares. El problema es especialmente grave en lugares como Ibiza o Palma, aunque se extiende, en mayor o menor medida, a casi toda la comunidad. El presidente de los agentes de la propiedad inmobiliaria destacaba este fin de semana en mallorcadiario.com las extraordinarias subidas de precios de los últimos años, provocadas por lo que él mismo calificaba de "una demanda inmensa".

Tras unos años de contención provocada por la crisis, a partir de 2015, y con un aumento del flujo del crédito bancario, los precios se han disparado hasta un 7 por ciento en 2016 y un 9 por ciento en 2017. Los precios suben por la demanda que hace de Balears un destino deseado principalmente por extranjeros. De hecho, cerca del 40 por ciento de las adquisiciones de vivienda que se hacen en Balears actualmente son realizadas por extranjeros.

Esta situación traslada una gran presión a los habitantes de ciudades como Palma y a quienes gobiernan las instituciones. Precisamente, este fin de semana, también el alcalde de la capital balear, Antoni Noguera, relataba a los lectores de mallorcadiario.com, las medidas puestas en marcha para mejorar el acceso a la vivienda para los residentes locales, a menudo expulsados del mercado por las condiciones de la oferta y la demanda de un mercado libre y abierto. Noguera confía en que la situación mejore tras la puesta en marcha de las nuevas normas del alquiler vacacional, la construcción de promociones de viviendas de protección oficial, o alcanzando algún tipo de acuerdos con las entidades bancarias que tienen un gran parque inmobiliario.

En Palma existen 16.000 viviendas vacías, según el último censo que analizaba la situación. Mientras tanto, los ciudadanos tienen que destinar de media un 60 por ciento de sus ingresos a la vivienda. Es una situación que debería ser corregida con acciones puntuales como las citadas por Noguera pero, sobre todo, con la puesta en marcha de medidas que animen a actuar en el mercado inmobiliario de forma efectiva, con incentivos a propietarios y facilidades a la promoción.

Todo ello debería ser incluido en la Ley de Vivienda en trámite actualmente; una ley cuya viabilidad para convertirse en una herramienta útil, sólo pasa por que su aprobación nazca del más amplio consenso. No solo entre los partidos políticos, sino también con las entidades implicadas y los representantes sociales. La situación no admite parches ni enfoques que no contemplen una visión lo más amplia posible.