La tragedia acontecida en la madrugada del domingo en Murcia, donde dos discotecas de una zona de ocio nocturno, Teatre y Fonda Milagros, fueron pasto de las llamas y 13 personas fallecieron durante el percance, ha conmocionado al país entero. Cada cierto tiempo hay que lamentar sucesos de esta naturaleza, que suelen cobrarse vidas humanas en circunstancias lamentables y muy trágicas, por causas que la Justicia deberá investigar con todo detalle.
Procede, en primer lugar, unirse a las condolencias que instituciones y entidades de la sociedad civil transmiten a los familiares, amigos y allegados de las víctimas. Ellos son quienes más sufren por la pérdida de sus seres queridos y a ellos es a quien hay que atender y apoyar en todo lo posible.
Pero acto seguido, es necesario aclarar qué sucedió para que se declarase un incendio tan voraz y en poco tiempo se propagase a tres locales aledaños pero distintos. La Policía Judicial habrá de determinar cuál fue el origen del fuego y si las medidas contraincendios funcionaron correctamente, algo que es muy dudoso, a la vista del fatídico balance de víctimas.
El Ayuntamiento de Murcia ha informado que los dos establecimientos tenían una orden de cese de actividad desde enero de 2022, lo cual añade aún más gravedad a la tragedia. Sin embargo, hay que dejar que la Policía Judicial haga su trabajo y que la investigación avance, para que se pueda determinar con exactitud qué sucedió.
Pero al margen de eso y de la asunción de las eventuales responsabilidades en que, en su caso, puedan haber incurrido los encargados de los dos locales afectados por el incendio, la ciudadanía debe confiar en que las autoridades cumplen con su obligación de inspeccionar los negocios de ocio nocturno, especialmente aquellos donde hay una afluencia importante de público.
Los asistentes a cualquier tipo de establecimiento público, presuponen que cuenta con las autorizaciones y licencias pertinentes, que funciona según la Ley y que ha sido inspeccionado rigurosamente por parte de los técnicos correspondientes, según la naturaleza del local. De ahí que haya que reclamar a la Administración la máxima severidad en su labor de control y en la inspección a un sector tan sensible.
La negligencia de unos pocos puede acabar dañando el prestigio y la imagen pública de todo el sector y de aquellos que, en su inmensa mayoría, se toman muy en serio la seguridad de sus negocios y la de sus clientes. Quienes no lo hagan, deben ser duramente sancionados, para el bienestar y la tranquilidad de la ciudadanía. Y también para el sector del ocio nocturno que actúa, en su inmensa mayoría, conforme a la normativa.