Una política social avanzada
viernes 17 de abril de 2015, 12:35h
Una familia destina como mínimo 5.456 euros al año de media en cada hijo hasta los 18 años, lo que supone, un coste medio de 454 euros al mes por hijo, es decir, 15 euros al día.Y un acumulado de 98. 070 euros en los 18 primeros años.Si con 1 hijo la diferencia con la Unión Europea (media europea =1.023 euros) entre la prestación por hijo a cargo es 3,5 veces mayor que la prestación en Baleares (291), esta diferencia se incrementa a 4,2 veces en una familia con dos hijos Y la diferencia es de 6 veces (1.767 euros frente a los 291) para una familia con cuatro hijos.
Un matrimonio balear con dos hijos, cubriría tan solo el 5% de los gastos de los hijos con la prestación que le da la SS (si su renta anual bruta es inferior a 10.728 euros). En el caso de tener tres hijos, cubriría tan solo el 5% de los gastos de los hijos con la prestación que le da la SS (si su renta anual bruta es inferior a 15.904 euros). Por el contrario, con la prestación de Luxemburgo cubriría el 102% de los gastos, el 35% con la de Austria. el 34% con la de Alemania.
El incremento del coste real de un hijo (25%) (en algunas etapas –p.ej. de 0 a 3 años– es del 32%), en los últimos 6 años ha sido claramente superior al IPC (22%), y muy superior a la nula actualización de las ayudas (0%). ¿Dónde esta, pues, esta supuesta política social avanzada? Con una simple mirada a las otras CCAA y a Europa, nos daríamos cuenta que esa política social avanzada descansa sobre la familia ya que se dan ayudas a todas las familias porque se considera como inversión y no como gasto.
Esta inversión en capital humano se caracteriza por unas medidas que casi toda Europa y una buena parte de las CCAA han puesto o empiezan a poner en práctica como las que a continuación se exponen: Universalización de las ayudas directas y fiscales de manera que todas las familias puedan acceder a las distintas ayudas, uso de la renta per cápita cuando sea necesario modular o priorizar ayudas, el compromiso de actualización anual de las prestaciones directas y fiscales y la creación y seguimiento de índices económicos sobre la evolución real del coste por hijo o familiar.
Y por último, habrá que considerar que el impacto de las ayudas a las familias no sólo apoyan a que éstas puedan ejercer su derecho a tener los hijos que deseen, sino que influyen decisivamente en la situación de los menores. |
|
|