El Senado escenificó este miércoles el papel que le otorga la Constitución, al corroborar que puede primar el interés territorial sobre la disciplina de partido. La amenaza de llevar a cabo prospecciones, que desemboquen en la extracción de hidrocarburos en áreas próximas a nuestras costas, se ha convertido en ‘asunto de autonomía’ y nuestros representantes hicieron causa común en la Cámara Alta. Es cierto que sus aforados, tanto los que fueron elegidos directamente como los que ocupan escaño por designación parlamentaria, lo hacen bajo las siglas y un programa compartido, pero eso no ha sido óbice para que el President de les Illes Balears solicitara a los cinco senadores populares que se sumaran a la solicitud socialista de paralizar cualquier riesgo medioambiental y propagandístico que se pudiera derivar de los sondeos. Una categórica decisión, respondida con vehemencia desde los aledaños del Ministro Soria, que zanja inequívocamente las infundadas críticas de “doble lenguaje” con las que se pretendía debilitar la imagen del líder conservador, que ha abanderado desde el principio la defensa de los intereses baleares.
José Ramón Bauzá no tuvo inconveniente alguno en negociar la víspera, con su predecesor y proponente de la moción, el respaldo de sus homólogos conservadores locales, si la formulación no escondía otras intenciones enmascaradas, como las que hizo inviable el acuerdo en el Congreso de los Diputados. Ni el Partido Popular dio su brazo a torcer, ni Francesc Antich consiguió convencer a su grupo de que apoyaran la enmienda transaccional propuesta por la mayoría para lograr el consenso. Aun así, siete de ocho senadores de las tres circunscripciones baleares se convirtieron en la noticia del día, aunque alguno quiera verla en la posición de la díscola Juana Francisca Pons, a la que se amenaza en las redes y acusa de desleal para desviar la atención de lo realmente sustantivo. Su señoría menorquina no hizo otra cosa que mantener la defensa del Gas Natural Licuado como combustible marino, de la que fue ponente en la comisión de la que es viceportavoz, avalando la tesis de que hay que aguardar a los informes técnicos de impacto ambiental, antes de suspender una actuación económicamente beneficiosa para el conjunto de España. Una visión legítima y comprensible, ya que el mismo asunto puede observarse desde perspectivas contrapuestas, pero que realza más la contundencia del Govern y su firmeza en la defensa de nuestro patrimonio natural.
Un ejecutivo que no ha titubeado en lo esencial, afortunadamente, dado que esta sesión fue una batalla ejemplar, pero la victoria en esta compleja guerra de intereses debe seguir persiguiéndola quien ha recibido aquí el mayor respaldo otorgado antes a un dirigente y que lo debe seguir manteniendo, cada día y sin fisuras, para que su labor obtenga el fruto deseado por casi todos.
No cabe duda de que la lucha por la salvaguarda del territorio, sus recursos y consecuencias, como fuente de riqueza común, no es una exclusiva nacionalista y que es un tema de conciencia y decisión. Ahora sólo cabe renunciar sin ambages al utilitarismo electoral, para apoyar a quien ha conseguido subirse a la historia, con lealtad a las ideas que propugna su partido, pero anteponiendo el papel institucional a las exigencias de una estructura política.
Una buena nueva para la renovación democrática y para quienes concebimos que hay valores que trascienden a la ortodoxia ideológica, fundamentales para lograr una convivencia más armónica, en beneficio de todos en el presente y como una inversión para las generaciones venideras.
