La moratoria de licencias para nuevos hoteles en cuatro zonas de Palma anunciada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma que ahora preside Antoni Noguera, es una medida inevitable si no se quiere sobresaturar la oferta de alojamientos turísticos de la capital. Los datos ofrecidos por parte del consistorio son elocuentes: de las 2.149 plazas actuales se pasará en muy poco tiempo a ampliarlas con 2.193 más, lo que supone duplicar la oferta. Es preciso poner un freno a este ‘boom’ y justamente es lo que se pretende con esta medida que únicamente afectará a las licencias que se soliciten a partir de ahora y no a las ya solicitadas y que se encuentren en trámite. Y además los hoteles ‘boutique’ de 5 estrellas y 20 habitaciones como máximo están exentos de esta norma restrictiva, con lo que se abre la puerta a determinados establecimientos pequeños y de lujo.
Sin embargo, sería deseable que habiendo tantos sectores implicados el Ayuntamiento se abstuviera de sacarse conejos de la chistera, pues bien hubiera podido informar de sus planes al resto de formaciones políticas y a otras entidades concernidas. No son aceptables medidas unilaterales que ni siquiera los gobernantes en Cort se plantean consensuar, aplicando una política de hechos consumados que choca con el teórico talante dialogante que ellos mismos se atribuyen, sin ninguna razón para ello. Es cierto que se cuenta con la aquiescencia de la Federación de Vecinos de Palma y con la patronal hotelera, pero no es menos cierto que una medida de esta naturaleza podría someterse a la consideración de mucha mayor parte de la sociedad.
