Una investigación a fondo en Emaya

El escándalo por la falsificación de títulos de catalán por parte de algunos trabajadores de Emaya ha provocado, hasta el momento, el despido de cinco trabajadores de la compañía. La trama ha afectado a otros empleados que ya no están en la empresa al haber acabado sus contratos aunque existe la posibilidad de que tenga un alcance mayor. Con este asunto, se ha puesto en evidencia una forma de actuar que daña la imagen de Emaya, aunque la reacción de los responsables públicos haya sido rápida y el asunto se haya resuelto con notable celeridad.

Uno de los despedidos ha sido un sindicalista afiliado a Més per Mallorca. Un hecho que alimenta el concepto clientelista de la compañía de aguas y alcantarillado de Palma. Y es que la imagen pública es que Emaya se ha ultilizado, históricamente, para beneficiar a amigos y colocar allegados. Una acción de la que, de ser realidad, serían partícipes todos los partidos que han tenido responsabilidades en Cort, que son prácticamente todos los del arco político local. Ahora, también Més.

La sospecha de que se hayan producido irregularidades de una forma tan habitual en una compañía de la envergadura de Emaya no beneficia a los intereses generales y compromete seriamente su imagen publica. Por ello, es necesario que se investigue hasta el fondo la situación de la empresa desde todos los aspectos y con una perspectiva temporal amplia, tanto por lo que respecta a las contrataciones internas como a los trabajos realizados por terceros.

Es necesaria una auditoría que vaya más allá de lo que está proponiendo la oposición. Palma necesita que una empresa como Emaya se dedique a desempeñar con solvencia su misión principal que es asegurar el saneamiento, el abastecimiento de aguas y la recogida de basuras, unas funciones que por sí mismas ya acumulan muchas críticas. Son un servicio clave de las competencias municipales y no pueden estar bajo la sospecha de que se hayan cometido arbitrariedades de forma flagrante y continuada.