Una inútil Oficina Anticorrupción

La Oficina Anticorrupción de Baleares ha crecido y busca nuevo local. Transcurridos tres años desde su creación, sin embargo, el organismo que dirige Jaime Far aún no ha concretado ningún trámite, ninguna denuncia, ninguna investigación propia de la función para la que presuntamente fue creado. La únicas certezas que existen sobre esta oficina son el suculento salario de su director -95.000 euros al año- y la contratación a dedo de seis altos cargos de los que no se conoce que estén investigando ningún caso de corrupción.

Así las cosas, es difícil de justificar ante los ciudadanos la existencia de un organismo que, por otra parte, no ha estado exento de polémica desde el mismo momento en que fue creado. El propio Pacte rebajó las expectativas del entonces flamante director cuando, en el inicio de su mandato, propuso un reglamento que fue rechazado por el Consell Consultiu, la Fiscalía y la Sindicatura de Cuentas. Entre otras cosas, pretendía acceder a la información de cuentas bancarias de ciudadanos y organismos, o escapar a la Intervención de la comunidad, un capricho que les podía resultar incómodo a los propios creadores del invento, como no tardó en percibirse.

Si la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones públicas depende de la buena labor de la Oficina Anticorrupción de ninguna manera se está cumpliendo este objetivo. Nada hace pensar que el trabajo de esta oficina sirva para limpiar la acción política más allá de lo que ya pueden hacer organismos como los tribunales de justicia, la Fiscalía, la Sindicatura de Cuentas o la Agencia Tributaria.

Cargar sobre las arcas públicas de los ciudadanos el coste de un organismo como la Oficina Anticorrupción, con funciones prácticamente idénticas a las que asumen otras instituciones públicas, no constituye un ejemplo del buen gobierno que precisamente debería defender la propia oficina de Jaime Far. Se calcula en torno a un millón de euros el coste de esta oficina, sin que en estos años haya habido un solo caso que justifique su existencia; al menos que haya trascendido. Es mucho dinero, incluso si no estuviéramos en un escenario de ajuste presupuestario como en el que se encuentra el actual Govern.

Por ello, sería oportuno, primero, aplicar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que demuestren el correcto funcionamiento y legitimen la aportación de esta oficina a la acción pública; y, segundo -si no hay argumentos para sustentarla-, cerrarla directamente, contribuyendo a no sobredimensionar la administración pública y dejar que sean los tribunales los que velen por la rectitud de las actuaciones políticas. Cualquier cosa, menos seguir alimentando un ridículo que acaban sufragando los bolsillos de los ciudadanos.