El juez que instruye el “caso Picnic” ha decidido imponer una fianza de 1,6 millones de euros a Unió Mallorquina ya que considera que este partido se benefició del trabajo de los agentes medioambientales contratados por el Ajuntament de Palma durante la etapa de Cristina Cerdó. El juez ha aceptado plenamente las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, lo que suele ser la tónica general en estos casos. La fianza civil a UM no es una cuestión baladí ya que por culpa de esta decisión judicial la formación política decidió hace un mes reconvertirse en Convergència per les Illes, si bien UM existe a todos los efectos aunque sin cúpula, ni dinero ni tampoco sede. Una se pregunta el motivo por el cual la Fiscalía no ha adoptado medidas similares en relación al PP por el “caso Palma Arena”, por ejemplo, o contra el PSOE por el “caso Eivissa centre”. Ambos casos son similares al “caso Picnic”, es decir, se denuncia una supuesta financiación ilegal del partido político. Tampoco hubo fianza civil contra el PP por el “caso Sóller”, lo que significa que las decisiones judiciales -por mucho que les moleste a los jueces- son arbitrarias y cuestionables. En esta ocasión el problema es que la fianza civil ha provocado la muerte de Unió Mallorquina, un partido acosado por la corrupción, es cierto, pero tendrían que haber sido los dirigentes del propio partido los que decidiesen su disolución, no los fiscales ni los jueces.
