Una celebración atormentada

El entorno temporal que acompaña al 41 aniversario de la aprobación de la Carta Magna está resultando convulso. Convulso, trémulo e irrespirable. Llevamos más de 3 años con mayorías parlamentarias débiles y con unas formaciones políticas entregadas al corto plazo.

Para afrontar esta situación, tener un gobierno interino al que le importa bastante menos la gobernabilidad del país que los intereses del grupo al que pertenece no resulta precisamente tranquilizador.

El escenario es preocupante. Alarmante, en la medida en que, a falta de compromiso entre las fuerzas constitucionalistas, los neocomunistas y los independentistas tienen bazas suficientes para inclinar la gobernabilidad hacia rumbos de empobrecimiento, división y secesión.

De hecho, al parecer está prácticamente cerrada la estructura del que será el primer Ejecutivo de coalición en España. Sin embargo, lo verdaderamente importante, los acuerdos programáticos siguen en el aire. Todo apunta a que los independistas van a jugar un papel determinante. Tanto interés en remarcar, lo que debería ser redundante, que los acuerdos tendrán “encaje constitucional” recuerda el aforismo de "excusatio non petita, culpabilita manifesta".

El esqueleto del futuro gobierno sangra por todos los poros. Una catalunya monotemática, con un gobierno que se ha olvidado de la gestión de sus competencias, de hacer la vida fácil a los ciudadanos, de fortalecer el respeto a los que piensan y votan diferente y el ejercer una justicia igualitaria le importa más bien poco.

La sentencia de los EREs, tras una instrucción atacada impunemente, acotada a unos pocos años, minimizada y ninguneada por una parte muy significativa de medios, ha condenado a dos ex presidentes del PSOE en una causa de casi 700 millones de euros.

No tranquiliza que en la sistemática división y purga en Podemos aparezcan acusaciones de dos exasesores jurídicos de la formación morada que apuntan a una denuncia formal contra el partido, mencionando la existencia de "sobresueldos" no regulados, la supuesta "manipulación de las primarias para beneficiar a determinados candidatos" o el incumplimiento de la normativa de protección de datos. Como tampoco lo hacen las dimisiones de once miembros del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Baleares por “la «deriva errática» de la dirección del proyecto y la sumisión de Podemos al PSOE.

Cuando parecía que los temas mayores habían llegado a su cima, nos desayunamos con la acusación a la federación andaluza de UGT de malversación por más de 40 millones de euros, por subvenciones concedidas por el anterior gobierno andaluz del PSOE y que afecta a la ex cúpula sindical y la coloca a un paso del banquillo. A los que supuestamente, les acompañan diez responsables de siete empresas que al parecer confeccionaron facturas falsas siguiendo las indicaciones del sindicato. O lo que es lo mismo, la progresía en la bancada, acusada de malversación organizada y en serie.

Hemos llegado a un punto en el que los partidos ya no se fían de los acuerdos que llegan entre ellos ni para las votaciones para la constitución de la Mesa del Parlamento. Si no se fían de sus acuerdos ¿Cómo nos vamos a fiar nosotros de sus promesas?

Lo dicho, un aniversario para tener muy en cuenta, pero no precisamente para recordar. Buen finde.