El debate sobre la potencial anulación de vacaciones de verano a los sanitarios ha puesto en pie de guerra a los sindicatos del sector. Es tan cierto que el colectivo está agotado como que los recursos humanos disponibles son escasos.
La indignación de los sanitarios está directamente vinculada a la indisciplina de la población transgresora, responsable de un nuevo brote inesperado - y van cinco-. El cansancio deriva de la atención a una epidemia que obliga a largas y agotadoras jornadas, en condiciones de hiperprotección, que trastocan la asistencia a las patologías más prevalentes de la población y del que no se salva el entorno personal.
La realidad es que las actitudes insolidarias han vuelto a poner en jaque la salud de los ciudadanos y a ralentizar la recuperación de la economía. No es menos cierto que la asistencia sanitaria es inaplazable como no es demorable la recuperación del empleo y la actividad económica. No todas las administraciones actúan con la misma diligencia.
Por poner algún ejemplo, cuando analizamos la respuesta de las ventanillas públicas a las necesidades de los administrados comprobamos que la Seguridad Social (SS) no atiende a los ciudadanos con cita previa para tramitar la jubilación ni la viudedad. Lo mismo sucede con la prestación de desempleo o la tarjeta sanitaria europea.
Lo mismo ocurre con la oficina de atención al ciudadano del Ministerio de Justicia.
Tres cuartos de lo mismo en importantes y significadas ventanillas de Extranjería dependientes del Ministerio del Interior. No resulta posible tramitar, de forma presencial, el permiso de residencia o el de trabajo de larga duración. Tampoco se puede cursar en persona la petición de protección internacional de asilo o de residencia. Ni la estancia por estudios.
Estas informaciones y muchas otras emanan del Observatorio de la Gestión Pública del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid y se constatan cuando el ciudadano solicita cita previa para realizar todas y cada una de las referidas gestiones.
El pequeño gran problema es que el cierre de la administración no es estacional. No se se debe a las vacaciones de los funcionarios. Está situación se está produciendo desde el inicio de la pandemia. Desde el ya lejano marzo de 2020 y no tiene visos de ser reparado a corto plazo.
Es de suponer que los titulares Marlaska y Escrivá están informados. Como lo debía estar el cesado ministro de Justicia Juan Carlos Campo. Lo que sí hemos podido constatar que los tres han estado en otras cosas bastante lejanas de los problemas reales de la gente.
No será por ministerios, veintidós, ni por ministros en “ERTE”, media docena, en espera de Consejo de Administración. No será por cargos de confianza directamente relacionados con la presidencia del gobierno, más de quinientos. Será más bien por otras cosas. En este caso, por la epidemia como coartada. El afectado, el mismo, el administrado.
Buen finde.
