Una acción muy mal calculada contra la libertad de prensa

La incautación de teléfonos móviles, ordenadores y material de trabajo de dos periodistas por parte de la policía ha provocado una ola de indignación, no sólo en la profesión periodística, sino en sectores políticos y sociales de lo más diverso. La incautación se produjo a raíz de un mandato del titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma que investiga la comisión de un presunto delito de revelación de secretos en el marco de una pieza del 'Caso Cursach'.

El monumental escándalo ha traspasado el territorio balear y se ha extendido por todo el país. La Fiscal General del Estado, María José Segarra, se pronunció este miércoles asegurando que los jueces y fiscales velan por la libertad de expresión y por el secreto de las fuentes periodísticas; lo dijo tras recibir una carta firmada por más de 200 periodistas en la que se acusa al ministerio público de avalar una "intromisión intolerable e inédita" en el derecho a la información. En Baleares, el fiscal jefe, Bartomeu Barceló, descargó la responsabilidad en la Fiscalía Anticorrupción de quien dijo que, tras advertirles de lo "delicado" que resullta requisar teléfonos móviles a periodistas, estudiaron "profundamente" la actuación y la avalaron con el convencimiento de que no vulneraba la ley.

La insólita decisión judicial contra dos redactores de Europa Press y Diario de Mallorca supone un episodio difícil de explicar. Las filtraciones periodísticas en asuntos bajo secreto de sumario han existido siempre. El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antonio Terrasa, las definía hace unos años en una entrevista con este digital como uno de los principales problemas de la justicia. Siempre se filtra con algún interés y se seleccionan hechos concretos de un sumario que se quieren difundir en plena investigación con una clara intención de incidir en la opinión pública o en otros implicados en la causa. Muchas veces, incluso, antes de que esos informes o resoluciones sean comunicados a las partes. Es un juego del que son perfectamente conscientes los periodistas que canalizan estas informaciones, aunque, también es cierto, lo hacen cumpliendo con su función de informar.

El problema es que las filtraciones sólo las pueden realizar los funcionarios públicos con acceso a las investigaciones: jueces, fiscales, policías, funcionarios judiciales... El juez Florit hace bien en querer averiguar quién y con qué interés ha filtrado elementos sensibles de un determinado sumario, pero ir en este empeño contra la parte más débil de la ecuación como son los periodistas es incomprensible. Y no sólo por el amparo que les confiere el mantenimiento del secreto profesional, sino porque el escándalo que se genera puede acabar invalidando otros elementos de la causa. De momento, se ha conseguido aumentar el número de partes personadas en el procedimiento y sacar a decenas de periodistas a la calle a manifestarse, lo que pone de manifiesto que estamos, como mínimo, ante una actuación muy mal calculada.