La 'ecotasa' o como se denomina oficialmente, el impuesto sobre pernoctaciones turísticas y de medidas de impulso del turismo sostenible ha logrado sortear todos los obstáculos y finalmente ha sido aprobado por el Parlament, por lo que comenzará a cobrarse a partir del 1 de julio. Naturalmente y como es manifiesto, la Federación Hotelera no está conforme con este nuevo impuesto básicamente porque ellos son los encargados de recaudarlo, con lo que eso supone de responsabilidad y carga adicional de trabajo. Y además porque los turistas que se alojan en viviendas particulares o en inmuebles no registrados como viviendas vacacionales y por tanto fuera de ordenación, no lo pagarán, con lo eso supone de injusticia.
Las carencias que en materia de financiación arrastra Balears han empujado a los partidos que dan apoyo al Govern de Francina Armengol a crear un nuevo impuesto que otras comunidades igualmente turísticas y competidoras directas de la nuestra, rechazan absolutamente pues son conscientes de que una medida así inevitablemente resta competitividad y además lanza un mensaje muy negativo por parte de la Administración autonómica hacia la industria turística en general y los hoteleros en particular. Paradójicamente desde algunos partidos se pone como ejemplo Catalunya, cuando esta comunidad es justamente la excepción en el conjunto del país y, además, ya se ve lo mucho que estima el turismo una Administración como el Ayuntamiento de Barcelona, estableciendo moratorias turísticas que impiden nuevos alojamientos turísticos en la ciudad.
Como se ha podido constatar en el debate parlamentario, hay formaciones que no perciben el turismo como un motor económico y una fuente de trabajo y riqueza, sino como una plaga bíblica que hay que combatir. Así, la medida más rápida y efectiva es imponerle un gravamen como primer paso para un fin más ambicioso, que no es otro que reducir la llegada de los molestos visitantes.
¿Alguien imagina que, por citar un ejemplo, La Rioja estableciese un impuesto adicional a los ya existentes por la elaboración del vino? ¿O que Euskadi hiciese lo propio con la industria sidometalúrgica? Resulta absurdo pensarlo. Pues es justamente lo que se ha hecho en Balears. Con el agravante de que los ciudadanos residentes no se escaparan de pasar por caja, viéndose obligados a pagar dos veces por lo mismo. Y pensar que inicialmente Alberto Jarabo, líder de Podemos, dijo en septiembre que jamás lo apoyarían si eso afectaba a la movilidad de los ciudadanos de Balears. Y eso es motivo de gran alegría para la mayoría del Parlamento balear, lamentablemente.
