Un juicio que requiere la máxima sensibilidad

La Audiencia Provincial de Baleares ha iniciado esta semana el juicio por el asalto a una finca de Porreres en el que uno de los intrusos resultó muerto a manos del propietario, un anciano de 78 años entonces que disparó contra los asaltantes con su escopeta de caza. El suceso, que tuvo lugar en febrero de 2018 en una casa de campo, ha sentado ahora en el banquillo a tres de los asaltantes y al dueño de la finca.

Tanto los abogados como la Fiscalía no discuten el núcleo de los hechos; es decir, se confirma que hubo un robo y que el anciano disparó mortalmente al ladrón. Pero sí debaten sobre la proporcionalidad del disparo, ya que sostienen distintas versiones en cuanto a los detalles o la violencia empleada por los asaltantes. La Fiscalía pide para los tres presuntos ladrones penas que suman 16 años de cárcel; y para el dueño de la finca -que ahora tiene 83 años-, otros cuatro años de prisión. La madre del ladrón fallecido acusa al anciano de asesinato, con una pena superior. Para ella, fiscalía solicita una indemnización de 100.000 euros.

Las versiones de las partes puestas de manifiesto en el inicio de la vista judicial difieren en cuanto a la agresividad y la violencia empleada para exigir el dinero. La defensa del anciano asegura que le pusieron en el cuello un cuchillo de grandes dimensiones, extremo que niegan los abogados de los ladrones, y que la violencia fue 'in crescendo' mientras le pedían más y más dinero. Así, cuando dos de los asaltantes -hermanos- estaban cargando en unas mochilas el dinero que había en la caja fuerte, el septuagenario pudo hacerse con una escopeta de caza que tenía en la habitación y hacer uso de ella.

El anciano declaró este martes con notables lagunas sobre los detalles del suceso. Su defensor sostiene que actuó en legítima defensa, mientras que la Fiscalía aprecia una legítima defensa "incompleta" porque entiende que no se reúnen todos los requisitos para aplicar esta eximente. "No vivimos en América", avisó el fiscal el primer día de la vista, subrayando que "no existe el derecho a matar", si bien es consciente de que hay "circunstancias que se deben tener en cuenta".

Conformado el núcleo de los hechos, procede ahora determinar la responsabilidad de los encausados y, sobre todo, el alcance de las penas. No es tarea fácil, sobre todo, si se tiene en cuenta que este juicio -que acabará el próximo 20 de septiembre- se celebra con jurado popular, un elemento que a menudo se ve condicionado por las circunstancias personales de los juzgados. Es imprescindible la máxima sensibilidad para que la sentencia sea justa.