Turismo: regulación versus prohibición

Nuestro Parlament aprobó ayer la nueva Ley Turística del Pacte, que nace de la llamada filosofía del decrecimiento, pero que en realidad exuda prohibicionismo, algo lógico si observamos la composición del Govern, y más si reparamos en que el texto surge de una conselleria comandada por un inspector de Trabajo.

La ley nace sin el mínimo consenso exigible a una norma regidora de nuestra principal fuente de ingresos y lo hace, además, cercenando la iniciativa y el emprendimiento, al establecer una moratoria que solo beneficia a los ya presentes en el sector -aunque sean responsables en buena parte de la situación a que se ha llegado-, castigando a aquellos que legítimamente quisieran entrar en el mercado ofreciendo algo distinto. Un ataque al libre mercado en pro de actividades de supuesta transformación financiadas con dinero público cuyo único fin es crear una gigantesca red clientelar también en este ámbito.

La fantasía política de que aquellos que han edificado y viven del modelo de turismo de masas -a quienes la ley acaba protegiendo- vayan a ser los principales agentes del cambio de ese modelo hacia la sostenibilidad, la calidad, la circularidad y toda esa sarta de conceptos hueros que tanto gustan a la progresía es solo una quimera para consumo de fans de Iago Negueruela y propagandistas a sueldo del partido.

El turismo merece una regulación seria y el Govern responde a esa necesidad solo con la prohibición en forma de una moratoria que pone coto a la redistribución de la riqueza y castiga a la pequeña empresa; eso sí, aderezando la ley con medidas folclóricas y grandes dosis de demagogia laboral que se venden como avances gigantescos.

Lamentablemente, esta tampoco será una norma que goce de estabilidad, porque la derecha ya ha anunciado su sustitución tan pronto como gobierne, lo cual podría ocurrir, en función de la evolución demoscópica actual, en solo un año.

La ley ni siquiera ha gustado a todo el Govern. El vicepresidente Yllanes se ausentó de la votación final del texto, al no haber aceptado la bancada socialista incluir las medidas de transición energética que reclamaba el podemita y que hubieran supuesto, a buen seguro, un nuevo enfrentamiento con el sector hotelero.

Solo las grandes compañías respaldan sin reparos la jugada de Francina Armengol y su conseller. Un pobre bagaje si lo que se pretende es vendernos la nueva ley como un éxito de toda la sociedad balear.