El TSJIB ratifica la prohibición del alquiler turístico en suelo rústico

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha confirmado la prohibición del alquiler turístico en suelo rústico en Mallorca, en una decisión que respalda el Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos en Mallorca (PIAT) del Consell de Mallorca, aprobado en 2020 durante la presidencia de Catalina Cladera. Esta prohibición afecta directamente al alquiler vacacional en áreas rurales, un tema de amplio debate en la isla.

La sentencia desestima el recurso de la patronal de alquiler vacacional Habtur, que alegaba que el PIAT violaba la libertad de prestación de servicios en la normativa europea y española. Habtur argumentó que esta medida beneficiaba indirectamente a grandes operadores de alojamiento, dejando en desventaja a los pequeños propietarios locales. Además, según Habtur, los estudios utilizados para justificar el PIAT eran obsoletos y no representaban adecuadamente la situación actual.

María Gibert, gerente de Habtur, ha ofrecido en exclusiva a MallorcaDiario sus impresiones tras el fallo, admitiendo que la resolución judicial era esperada. "Presentamos el recurso porque considerábamos que el PIAT era desproporcionado e injustificado, pero entendíamos que el tribunal podría ajustarse a la normativa vigente,” ha comentado Gibert. A pesar de la decisión del tribunal, la gerente de Habtur ha subrayado la importancia de revisar estas restricciones en el futuro, con la esperanza de que el Consell de Mallorca introduzca “un plan más favorable a los pequeños propietarios de la isla”.

"El PIAT, en su configuración actual, limita de forma excesiva la actividad vacacional en zonas rurales, afectando directamente a los pequeños propietarios en Mallorca," ha añadido Gibert, quien considera que la prohibición vigente ahoga las oportunidades de desarrollo en áreas rurales y coloca una carga desproporcionada sobre quienes dependen de esta actividad para complementar su economía.

La decisión del TSJIB representa un punto clave en el debate entre la promoción del alquiler vacacional en entornos rurales y la preservación del territorio y los recursos naturales en Mallorca, subrayando las tensiones existentes en torno a las políticas de protección del suelo rústico y el impacto en la economía de la isla.