La semana pasada el Consell de Mallorca comunicó su decisión de inyectar 43 millones de euros al sistema de tratamiento de residuos para congelar la tarifa en 2024. Nunca antes la institución insular había realizado una aportación económica tan importante, obligada por tres factores externos que empujaban al alza el coste del servicio: un IPC elevado, la subida vertiginosa de los tipos de interés y la retirada por parte del gobierno central de las ayudas a la energía renovable proveniente de la incineración de residuos.
Ninguna de estas externalidades son responsabilidad del actual equipo de gobierno surgido de las elecciones celebradas en mayo. Tampoco responden a la voluntad de los anteriores gobernantes, que sin embargo aprobaron un precio de 114 euros por tonelada para 2023 atendiendo a unas previsiones económicas muy alejadas de la realidad. Se evitaba así una subida de la tarifa en año electoral a costa de generar un problema aún mayor en el siguiente ejercicio.
Mallorca dispone de un sistema de tratamiento de residuos que se adelantó en el tiempo a las directivas más exigentes de la Unión Europea. Hace tres décadas que nuestra isla apostó por un modelo que nos sitúa entre los territorios más avanzados a la hora de convertir los residuos en recursos. Pero esta apuesta por el medio ambiente no resulta barata. Por ejemplo, el coste del servicio en ciudades como San Sebastián, que al igual que nosotros optaron por el vertido cero, ronda los 200 euros por tonelada.
Resulta loable la voluntad del equipo de gobierno de Llorenç Galmés de no trasladar ese incremento al bolsillo de los ciudadanos. Pero es preciso abrir un debate sobre cómo se sufraga un sistema diseñado desde sus inicios para fomentar la recogida selectiva, de tal manera que los Ayuntamientos sólo pagan por las toneladas de la fracción rechazo que ingresan en el sistema. La buena gestión municipal unida a la colaboración ciudadana se traduce en que la factura que la empresa concesionaria cobra a los Ayuntamientos va decreciendo en los últimos años, mientras los costes de tratamiento aumentan.
Un territorio limitado como el nuestro sólo puede permitirse decisiones que preserven un entorno natural privilegiado. Debemos ser conscientes que el coste del tratamiento de residuos es una inversión a largo plazo, y que por tanto debe afrontarse como una auténtica “cuestión de Estado”. Es un asunto que no admite demagogias ni planteamientos utópicos, y que precisa de un ejercicio de responsabilidad por parte de todas las fuerzas políticas.
