El futuro de la gratuidad del transporte público en Baleares en 2025 está en el aire. El Govern de les Illes Balears ha solicitado al Gobierno de España la prórroga y el aumento de la financiación estatal destinada a garantizar este servicio esencial, reconocido como un derecho bajo el Régimen Especial de las Illes Balears (REIB) desde 2019. Sin embargo, a pocos días de finalizar el año, esta petición aún no ha recibido respuesta, lo que genera incertidumbre entre las administraciones locales y los usuarios del transporte público.
El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha remitido una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, reiterando la petición previamente realizada por la presidenta Marga Prohens al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un encuentro celebrado en octubre. El Govern reclama no solo la prórroga de la financiación estatal de 43 millones de euros asignada para 2023 y 2024, sino también un incremento de dicha cifra para hacer frente al aumento de usuarios y al déficit existente.
Según el Govern, los 43 millones de euros resultan insuficientes para cubrir los costes totales de la gratuidad del transporte público en las islas. Durante los últimos 12 meses, la administración autonómica ha asumido un gasto de 54,3 millones de euros, incluyendo 45,1 millones destinados a bonificaciones y descuentos para colectivos específicos (jóvenes, pensionistas, estudiantes, entre otros), y 9 millones adicionales para cubrir el déficit derivado de la aportación estatal.
UNA RECLAMACIÓN PENDIENTE DESDE 2019
Además de las solicitudes relacionadas con la financiación, el Govern exige el cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Ley del REIB, aprobado en 2019, que establece que el transporte público terrestre debe garantizarse como un "servicio público esencial" y financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, desde la aprobación de esta norma, ningún año se ha incluido una partida específica para Baleares en los presupuestos estatales, a diferencia de ayudas recientes otorgadas a otras regiones, como los 47,5 millones destinados a Canarias o las subvenciones a los servicios metropolitanos de Barcelona, Madrid y Valencia.
El conseller Mateo, acompañado por la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, ha destacado que el retraso en el cumplimiento del REIB pone en desventaja a Baleares frente a otras comunidades autónomas con modelos similares de financiación.
IMPACTO EN EL TRANSPORTE INSULAR
Los 43 millones de euros asignados por el Gobierno central para la gratuidad del transporte público en Baleares se distribuyen entre diversos entes de gestión, incluyendo el transporte interurbano de los Consells Insulars de Menorca, Ibiza y Formentera, la EMT de Palma y los servicios autonómicos de tren, metro y autobús de Mallorca. No obstante, este reparto resulta insuficiente para cubrir las necesidades de un sistema que ha registrado un notable incremento de usuarios desde la implementación de la gratuidad.
La gratuidad del transporte público ha demostrado ser una medida efectiva para fomentar la movilidad sostenible y reducir el uso de vehículos privados, pero su continuidad en 2025 depende de una acción decidida por parte del Gobierno de España.
LA GRATUIDAD, EN MANOS DEL GOBIERNO CENTRAL
El Govern de les Illes Balears insiste en que la gratuidad del transporte público no solo es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino también un derecho amparado por la legislación vigente. Sin una respuesta clara por parte del Gobierno central, los 320.000 usuarios que diariamente utilizan el transporte público en las islas podrían enfrentarse a un 2025 con costes adicionales.
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