La plaga de la bacteria Xylella Fastidiosa que afecta al archipiélago, donde ya se han detectado 92 casos entre Mallorca e Ibiza y que ha obligado a declarar Balears como zona afectada, prohibiendo la salida de vegetales de especies susceptibles de ser infectadas, es un asunto grave. Es por ello que conviene, como ha pedido el Colegio Oficial de Biólogos y otros colectivos profesionales con competencia en la materia, como los ingenieros agrónomos, abordar esta crisis con criterios estrictamente técnicos y científicos. Y también sería positivo despolitizar la cuestión y que todas las formaciones políticas hagan piña con las instituciones, resistiendo la tentación de utilizar políticamente la gestión de esta crisis para desgastar al Govern, pues es algo que, como plaga que afecta a una multitud de especies arbóreas, no puede atribuirse la responsabilidad de su aparición a nadie, sino a la mala fortuna.
Por ahora se ha optado por aplicar un protocolo de contención de la plaga, dada su extensión y alcance, de acuerdo con la unanimidad de los criterios técnicos. Esto obliga a talar los ejemplares afectados y a los existentes en un margen de seguridad, pero lejos de la eliminación absoluta a la que obligaría un protocolo de erradicación, con la consiguiente ruina para el sector agrario y que, además, en otros lugares como Italia ha conllevado virulentas protestas.
Llegados a este punto, urge reclamar a las administraciones los medios necesarios para controlar la plaga en la medida de lo posible, aunque al parecer no existe un tratamiento efectivo y hay que dedicar los esfuerzos a controlar los insectos que propagan la bacteria. Pero a todas las administraciones, no sólo al Govern ni a los consells insulars. También al Ministerio de Agricultura y a la Unión Europa, pues esta crisis no atañe solo a Balears y hay que destinar los recursos que sean necesarios para combatir y controlar la bacteria y también para compensar a los propietarios de las explotaciones afectadas y que sea preciso actuar en ellas.