Todos a favor de las terrazas; otra alianza insólita frente a Cort

De forma sorpresiva, el Ayuntamiento de Palma ha conseguido la comunión de entidades que históricamente han estado enfrentadas entre sí pero que han querido visualizar que van de la mano contra una serie de decisiones municipales que consideran lesivas para el interés general de la ciudad. Si el martes eran las grandes superficies y los pequeños comerciantes quienes se aliaban para emitir un -inusual- comunicado conjunto en el que reclamaban consenso antes de aprobar cualquier proyecto de peatonalización de calles, este miércoles CAEB, UGT y CC.OO. hacían los mismo para defender las terrazas de bares y restaurantes que el Ayuntamiento amenaza con multar a partir de la semana próxima.

Patronal y sindicatos se ha unido para exigir a Cort que amplíe la moratoria que acaba el próximo día 5 para todos aquellos bares y restaurantes con toldos tipo 'caseta' en sus terrazas, que deberán ser eliminados, además de tener que retirar todas las noches las mesas y sillas instaladas en las aceras o plazas de sus establecimientos. La norma afecta a un 10 por ciento de los bares, cafeterías o restaurantes de la capital, con especial impacto en los locales del centro. Las multas a las que se exponen alcanzan los 3.000 euros.

Empresarios y sindicatos coinciden en reclamar una revisión de las decisiones municipales en este punto, a fin de evitar los efectos negativos que tales normas pueden tener en el mantenimiento de la actividad, los puestos de trabajo y la continuidad de un modelo de ciudad dinámico y atractivo.

Las insólitas alianzas que ha forjado Cort en su contra deberían hacer recapacitar a los responsables municipales sobre la idoneidad de sus decisiones. Al menos, deberían dudar sobre si los equivocados son ellos o quienes, por encima de sus diferencias, se han visto impulsados a formar un frente común contra el Ayuntamiento. Ocupar un cargo municipal no imprime automáticamente un carácter de infalibilidad. Al contrario, debería imprimir un gran sentido del interés común, sin apriorismos ideológicos; un interés que ha de alcanzar a todos los ciudadanos, para lo que es imprescindible consensuar previamente las medidas al máximo. Lo mismo que piden conjuntamente empresarios y sindicatos.