El pasado 25 de noviembre el PP balear aprobó por error 30 enmiendas de VOX a una ley de simplificación administrativa. Cuatro de ellas eran modificaciones a la vigente Ley 1/2022 de Educación de Baleares, penúltima vuelta de tuerca lingüística de Armengol, así que los nacionalistas (socialistas incluidos) se rasgaron las vestiduras y pusieron el grito en el cielo. ¡La derecha y la ultraderecha! Comienza la destrucción de la cultura y la extinción de derechos. ¡Vox quiere acabar con el catalán y el PP lo tolera! Esto no era más que un caso de proyección: son ellos los que realmente marginan y pretenden expulsar al castellano dentro de su estrategia de invención nacional. Por el contrario nadie, que yo sepa, tiene la menor intención de acabar con el mallorquín salvo quizás los propios nacionalistas, que enseñan en las escuelas algo que habría causado cierta perplejidad a mi abuela. Y es que nuestros nacionalistas autóctonos no quieren ser califa en lugar del califa sino someterse al califa catalán.
En todo caso el miércoles la presidenta Prohens decidió enmendar el error deshaciendo las enmiendas. En una comparecencia bastante agresiva acusó a Vox de incumplir los acuerdos, anunció la prórroga de los presupuestos al no querer depender de sus votos, y acordó con los partidos de izquierda y nacionalistas (valga la redundancia) la restitución de las cuatro enmiendas. Y de paso el mantenimiento de la ley de memoria histórica de Baleares, versión autonómica de ese artefacto divisivo pensado para otorgar a la izquierda, sobre una historia distorsionada, una superlegitimidad sobre el partido de Prohens. Como muestra de la distorsión, ayer mismo el Gobierno de España expidió un vistoso certificado a favor del escritor Vicente Aleixandre reconociéndole la condición de víctima del franquismo a pesar de que quien realmente lo persiguió, detuvo e intento matar fue el Frente Popular.
Ciertamente el acuerdo con Vox que propició la investidura de Prohens incluía puntos relativos a educación y lengua. En general pretendían acabar con la expulsión del castellano de la escuela para preservar los derechos de los castellanoparlantes, completamente arrollados en favor de la construcción nacionalista. «Para nosotros es una cuestión de sentido común, y creemos que lo que pide la inmensa mayoría de los padres y madres para sus hijos es que las dos lenguas que hay en Baleares sean lenguas vehiculares». Esta era la draconiana exigencia. ¿De Vox? No, del propio Partido Popular. Hace sólo dos años.
Y a todo esto ¿qué decían las famosas cuatro enmiendas de la ley de educación? La primera afecta al artículo 123, 3, h) (orientación del currículo educativo): donde dice «(hacia) el aprendizaje y el fomento del uso de la lengua catalana, como elemento imprescindible, no tan sólo para la comunicación, sino también para la interpretación y la transmisión de la identidad cultural e histórica de las Illes Balears y para la cohesión social» debe decir «(hacia) el aprendizaje de la lengua catalana, como lengua oficial de la Comunidad Autónoma para la comunicación y el acceso a la cultura de las Islas Baleares». Tremenda enmienda.
Las otras tres afectan al artículo 135 (principios del modelo lingüístico). La primera elimina «la consideración de la lengua catalana, propia de las Illes Balears (…) como vehículo de expresión normal en las comunicaciones y en el ámbito administrativo», que no se sabe qué hace en una ley de educación. La segunda, vuelve a eliminar la referencia a la
condición de «lengua propia» del catalán. La tercera pretende acabar con una flagrante asimetría del artículo 135.3: donde dice «la lengua catalana será la lengua de enseñanza y aprendizaje empleada como mínimo en la mitad del horario escolar (…) esta proporción podrá ser incrementada por decisión de cada centro educativo mediante la aprobación de su proyecto lingüístico. La lengua castellana (…) también podrá ser utilizada por decisión de cada centro educativo», debe decir «los centros educativos mediante la aprobación de su proyecto lingüístico deberá garantizar la competencia comunicativa plena y equivalente en las dos lenguas oficiales al acabar las enseñanzas obligatorias».
En fin que como arietes para cambiar el modelo lingüístico estamos ante unas enmiendas sorprendentemente modestas. A pesar de ello la presidenta cargó con dureza contra la representante de Vox, y así pudimos asistir a un fenómeno singular: las razones que Prohens aportaba –ustedes quieren sembrar la división creando un problema donde no lo hay, esto no interesa a las familias, hablemos de lo que verdaderamente importa…- recordaban muchísimo a las que Armengol había usado hace poco tiempo contra la propia Prohens. ¡La presidenta Prohens respondiendo a la representante de Vox recordaba extrañamente a la presidenta Armengol respondiéndole a ella misma! Todo esto desconcierta y desanima profundamente a los ciudadanos, resignados a asumir que la libertad de una parte de los mallorquines va a ser de nuevo pospuesta en favor de la política. Sea eso lo que sea.