Stop a la eutanasia

Estamos viviendo una pandemia que no olvidaremos, y eso nos propone a una reflexión sobre el dolor, la fragilidad, la muerte y la dignidad de la vida humana. Al gran número de muertos hay que sumar el dolor de morir en soledad.

La demanda social de la eutanasia es mentira y hoy es más evidente que nunca. Su legalización generará miedo, culpa y presión social sobre las personas mayores y aquellas con enfermedades graves, crónicas e invalidantes y nos hará más insolidarios, individualistas y deshumanizados.

Además esta ley de la eutanasia esconde otros intereses como el ahorro en gasto público en pensiones, sanidad y dependencia.

Se está generando un sentimiento compartido de agradecimiento a los mayores y de impotencia y vergüenza por el abandono al que han sido sometidos.

Y somos testigos de la contradicción entre la lucha titánica de los profesionales sanitarios por que han salvado a tantos enfermos y los asesinatos que se pretenden con esta nefasta ley.

Habría que manifestar el total rechazo a la opción de hablar si quiera sobre una ley que regule esta materia, ya que esta práctica atenta directamente contra la vida de cualquier persona, la cual tiene derecho a recibir los cuidados paliativos necesarios para el alivio de su sufrimiento, pero, en ningún caso, a que se elimine su vida.

La única respuesta ética aceptable ante el final de la vida son los cuidados paliativos, que ni precipitan deliberadamente la muerte ni prolongan innecesariamente la agonía, si no que cuidan al enfermo, aliviando su dolor mientras llega la muerte.

La experiencia nos demuestra que la introducción de una ley para la eutanasia es siempre la mejor manera de destruir personas que sufren discapacidad, alterando sustancialmente la supuesta razón humanitaria de la ley.

Legislar sobre la eutanasia antes de haber legislado sobre una atención adecuada al final de la vida con cuidados paliativos para eliminar el sufrimiento del enfermo, creo que puede llegar a ser una gran irresponsabilidad política.

La línea de trabajo a seguir debería ser la del completo desarrollo de los cuidados paliativos y de los programas para el paciente crónico que garantizan una vida digna a la persona.

Por supuesto que ese debate está centrado en sentimentalismos y en casos aislados a los que se les dará toda la publicidad posible -que es mucha, no lo duden-, para convertir la eliminación de ancianos -por ahora- en un acto de piedad. Siempre lo han hecho así y ya tenemos experiencia en el proceso de ingeniería social que siguen.

Pero la realidad, el trasfondo del asunto, es otro. La realidad es que detrás de cada caso mostrado no solo hay un ser que sufre, hay unos familiares que no quieren estar cuidando a ese ser antes querido; hay unos grupos de presión cuya meta es destruir las relaciones afectivas y familiares, hay una sociedad indiferente ante el sufrimiento ajeno, bien porque le causa rechazo, bien porque no sabe cómo actuar y hay, en último término – ¿o el primero?-, una cuestión económica.

Y la cuestión económica no es otra que el gasto social que supone un enfermo terminal. Resulta que el 80% de lo aportado a la Seguridad Social durante nuestra vida laboral se consume, en caso de una enfermedad larga, en los tres últimos años de nuestra vida. Si esa vida se acorta ese gasto se ahorra: así de claro y así de terrible.

En una situación de envejecimiento de la población como la que estamos sufriendo, no dudemos ni por un instante que una de las soluciones al pago de las futuras pensiones será por medio de la eliminación de pensionistas.

Si la esperanza de vida es de 85 años y la jubilación a los 65, quedan 20 años de pago de pensión, que suponen aproximadamente 400.000€ por pensionista. ¿A qué es tentador reducir ese importe?

Efectivamente, es aterradoramente tentador. Y en eso están. Por lo menos, impidamos que nos vendan el sufrimiento del enfermo como motivación de esta ley porque no es su finalidad.

Y esto es lo que ha hecho un grupo parlamentario en el Congreso esta misma semana. Vox ha presentado recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional pidiendo medidas cautelares , ya que el alargamiento a que nos tiene acostumbrado dicho tribunal, recordar que aún no han decidido sobre el recurso sobre la ley del aborto interpuesto hace más de 10 años, producirían daños irreversibles .

Esperemos esta vez que no ocurra lo mismo que con el recuso sobre el aborto , y este alto tribunal pare esta auténtica locura antes de que la próxima semana , concretamente el 25, no se pueda perpetrar una nueva aberración.